Tres son las principales razones que existen para dejar entrar capital privado en una entidad o empresa pública. Por ejemplo, en el caso de las cajas de ahorro. La primera es la quiebra, es decir, no tener fondos suficientes para mantener la marcha normal de la entidad. La segunda es la voluntad de ampliar el negocio, lo que puede requerir de alianzas externas y capital extra. La tercera es la voluntad de unas élites para favorecer los intereses de sus compañeros de partido, de clase social o de sus respectivas familias. Como casi todo en la vida, a menudo las causas son una mezcla de todo ello. No obstante, si no se da ninguna de estas razones, resulta difícil justificar una privatización, por mucho que exista una ley que la promueva. Y si Kutxabank (o alguna de sus partes) no está en quiebra, no quiere ampliar su negocio a ciegas y perdiendo el control del mismo (especialmente visto el fiasco de la adquisición de Caja Sur, que sigue lastrando sus cuentas y no ofrece valor añadido alguno) y si la idea no es favorecer al partido o a sus compinches (algunos dicen que el PNV quiere controlar Kutxabank, pero ¿realmente existe algún escenario en el que el PNV pueda tener mayor control de la principal entidad bancaria vasca que el que tiene hoy en día?) es difícil entender la negativa a abrir un debate sobre el futuro de Kutxabank.

Una de las posibles razones para acelerar la privatización puede ser que así se evita reconocer el estado real del Banco. Porque, pese a ser muy difícil conocer la situación de las cuentas por la falta total de transparencia con las que se manejan, han trascendido datos suficientemente graves como para que se enciendan todas las alarmas.

¿Por qué creer a quien tanto oculta?

Solo en el caso de Kutxa, GARA ha informado de que el Banco de España le obligó a realizar una provisión de más de 200 millones por una operación inmobiliaria fallida en Málaga; también de la pérdida de cerca de otros 250 millones en una aventura inmobiliaria en Murcia que fue una ruina por tratarse de terrenos recalificados irregularmente. Relatamos que el último año que presentó sus cuentas por separado los auditores instaban a los gestores de Kutxa a no realizar contabilidad creativa, cambiando los apartados en los que se reflejaban los fondos, lo que llevaba a determinar que en 2010 Kutxa tuvo pérdidas en lugar de ganancias. Esto a su vez suponía que no podía tener Obra Social, dado que en las cajas la Obra Social está ligada a ganancias y de no haberlas no se puede presupuestar. Sin embargo el equipo de Xabier Iturbe ha seguido presupuestando partidas de Obra Social que luego no ha podido cumplir: sin ir más lejos, el año pasado presupuestó 18,5 millones para 2013, pero solo ha podido repartir 7,4, menos de la mitad, por lo que ha tenido que pedir crédito a Kutxabank para poder atender los gastos de proyectos como Onkologikoa. En concreto, tiene un crédito interno de 21 millones por ese concepto y casi otros cinco por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales ante la Hacienda guipuzcoana. A eso hay que sumar entre otros el ERE en Imbiomed, la pérdida total de ayudas para proyectos sociales o el intento de malvender patrimonio –desde locales emblemáticos como la Sala Boulevard hasta obras de arte propiedad de la caja de ahorros–. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para volver a presupuestar otros 17 millones para este año 2014. Xabier Iturbe lo hizo en una Asamblea en la que vetó la entrada a la prensa, pero de la que informó a través de una nota de prensa asegurando haber «doblado» la partida de Obra Social, aunque sea evidente que no llega a lo presupuestado el año pasado, que lo que dobla es lo que realmente ha pagado, que es menos de la mitad de lo comprometido. Por otro lado, la mayoría de créditos de Kutxabank que contienen el índice IRPH, considerado ilegal por los tribunales, corresponde a créditos otorgados por Kutxa… El balance es desolador. Hoy GARA publica un nuevo despropósito: según confirma el propio Xabier Iturbe, por razones económicas Kutxa no cumple sus compromisos con el proyecto Tabakalera, en consecuencia esta ha tenido que pedir un crédito para poder cubrir sus gastos corrientes y ha sido Kutxabank la que le ha concedido dicho crédito, con sus consabidos intereses.

A estos hechos, que vistos cada uno por su lado resultan escandalosos y tomados en su conjunto resultan inasumibles para una entidad que debe generar confianza en sus clientes y en la sociedad y la economía a las que pretende servir, hay que sumar una política de opacidad que genera aún más dudas. Tampoco ayuda una gestión de cuestiones como las de los desahucios que sonroja e indigna al más fiel de los ahorradores de las cajas vascas. Ante este escenario, existen algunas cuestiones previas al debate de la privatización de Kutxabank, que previsiblemente mañana dará un paso más en las asambleas de Vital y BBK. La primera es cuáles son las cuentas reales de las entidades que la conforman, no vaya a ser que unos digan que es porque les obliga la ley, otros piensen que es para beneficiar a sus amigos y resulte que, además de otras razones, a medio plazo pueda existir una necesidad de capital. La mejor manera de aclarar este punto sería ser más transparentes, algo que contrasta con el aviso de que al menos la Asamblea de la BBK será a puerta cerrada. A su vez, los dirigentes de Kutxabank deberían explicar estos hechos y, de haber otros del mismo carácter, aclararlos, a la vez que toman medidas respecto a sus responsables.

Todo ello debería darse dentro de un debate público y constructivo, que puede tener partes discretas, pero que debe tener un objetivo claro: hacer de Kutxabank el núcleo central de un sistema financiero vasco.