El departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa presentó a los sindicatos el pasado viernes una propuesta de Oferta Pública de Empleo de 425 plazas para los dos próximos ejercicios. Aproximadamente el 70% de las plazas ofertadas son para maestros y maestras en euskara. La diferencia en la dotación de plazas en función del idioma ha provocado críticas de algunos sindicatos, de la oposición, así como de dos de los partidos que apoyan al Gobierno foral.

La falta de acierto a la hora de presentar la oferta y documentar las necesidades de profesorado, acreditando cual es la situación actual y la previsible evolución, ha derivado en un debate sobre agravios que aparte de confusión poco aporta a la sociedad, especialmente cuando la enseñanza en euskara en Nafarroa ha sufrido una larga operación de acoso y derribo por parte del Régimen. Cambios como los que introdujo el Decreto Foral 372/2000 que relegaba al euskara a simple mérito –incluso en las zonas vascófonas–  han dado forma a esta estrategia y dan cuenta de la dimensión de las carencias. Otro cambio introducido la pasada legislatura con el acuerdo de toda la oposición modifica la Ley del Vascuence autorizando, en función de la demanda, la enseñanza en euskara fuera de las zonas no vascófonas. A su vez, da medida de la pujanza de la demanda de una enseñanza en euskara, tanto que su impulso se menciona expresamente en el programa de gobierno acordado por las fuerzas del cambio.

Por ello no parece muy acertado argumentar que la interinidad afecta por igual a todo el profesorado o que con esta oferta se rompe la igualdad de oportunidades. De seguir esa línea argumental deberíamos concluir que las ofertas de empleo públicas deberían hacerse en función de los conocimientos, estudios o habilidades de las personas que buscan trabajo y no en función de los servicios públicos que la Administración ha de ofrecer y de los derechos que ha de garantizar.