La voluntad de bloquear toda opción de un proceso de paz en Euskal Herria por parte del Gobierno español, el conservadurismo interesado del establishment vasco y la incapacidad para superar esas inercias por parte de quienes han promovido un final ordenado de la violencia política han provocado una sensación general de estancamiento, frustración entre quienes desean abrir una nueva fase regida por el principio de «todos los derechos para todas las personas» y una apatía inducida en gran parte de la sociedad vasca.

Tras la trascendental decisión de ETA de 2011, nadie podía prever que iba a costar tanto desmontar el estado de excepcionalidad política y jurídica que vive Euskal Herria, dado que la violencia era precisamente la excusa oficial para sostenerlo. Bien es cierto que esto también estaba en el diagnóstico que llevó al cambio de estrategia: las autoridades españolas no cumplen su palabra, ni en la paz ni en la guerra, y los acuerdos con ellas no tienen más valor que el que se consiga articular en la sociedad vasca. De ahí la unilateralidad, la necesidad de hablarle a la gente y no a las estructuras institucionales o partidarias y el abrir vías de interlocución y diplomacia con la comunidad internacional. Quizás, por lógicas y humanas que fuesen las espectativas de aquel entonces, no eran del todo realistas desde un punto de vista político e histórico. Conocidas las dificultades en casos con acuerdo, no cabía esperar otra política, pero sí mayores reflejos y talento por la parte vasca.

En todo caso, lo cierto es que en pleno 2016 sigue habiendo juicios políticos, la tortura sigue impune y se validan sus resultados más macabros, se construyen nuevas imputaciones sin base jurídica y con ánimo de venganza, se amenaza con la inhabilitación para obtener ventaja política… Y sigue habiendo 386 presos políticos juzgados bajo leyes especiales –con castigos diferentes para los mismos delitos–, cumpliendo condenas desproporcionadas en condiciones también extraordinariamente duras. No solo se violan sus derechos, además se castiga a sus familiares sin piedad.

La mayoría de la sociedad vasca está en contra de estas políticas criminales –así consta oficialmente y resulta evidente socialmente–, pero hasta ahora no se ha acertado a articular una campaña que altere los desequilibrios de poder inherentes al conflicto político, una dinámica que acrecente el coste político de estos desmanes inhumanos y los convierta en políticamente insostenibles.    

Lo que pide este pueblo es de ley, de justicia  

Si bien todo lo relatado es cierto, no deja de ser una parte de la realidad. Haciendo balance de esta semana, nos encontramos con hechos que contradicen esa percepción negativa. Las declaraciones del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada criticando la vulneración de derechos básicos como el de defensa y el endurecimiento de las condiciones carcelarias, denunciando la existencia de torturas y abogando por penas restaurativas y por el modelo de justicia transicional adoptado en Colombia, coincidían con las de exprisioneros referenciales como Antton Lopez Ruiz Kubati, entre otros muchos, arropando las decisiones del EPPK y EIPK para explotar las vías legales y avanzar en la liberación de todos los presos y presas. Se trata de adaptar su lucha a las condiciones creadas y resituar la aportación militante en este terreno, tanto en las cárceles como en la calle. La manifestación de hoy en Bilbo es la expresión más pública de un cambio profundo en el tema de presos, que ha revertido la inercia negativa y que tiene que transformar la nostalgia en una nueva épica emancipadora y la impotencia en nuevas formas de incidencia política y social.   

Al mismo tiempo, cinco jóvenes militantes llegaban a un acuerdo en la Audiencia Nacional que sigue el patrón del alcanzado en enero y que liberó a otras 35 personas. La víspera, Jorge Olaiz era absuelto en el tremebundo proceso construido contra él. Los cinco de #aztnugaL lograban, además de la libertad, una rotunda denuncia de la tortura por parte de personas referenciales en el Estado, con el valor añadido de incluir a víctimas de ETA como Rosa Lluch o Rosa Rodero y quiebra el relato oficial.

Sin acuerdo general para un cierre ordenado de la fase previa, hay que explotar cada caso, ponerlo en valor y celebrarlo. Sin negar la realidad ya expuesta, que debe servir para enmarcar esta lucha e interpelar, a otros y a uno mismo. Hay gente dispuesta a ayudar y mucho por hacer.

El proceso independentista, el democratizador y el de paz comparten un núcleo de valores y posiciones que, con ritmos y agentes distintos pero complementarios y a veces concertados, deben generar una práctica política liberadora. De energías primero, y del pueblo a su vez.