Los trabajadores de Incoesa concluyeron ayer el encierro que mantenían en el Ayuntamiento de Bedia, una vez finalizado el periodo de consultas del expediente de extinción presentado por la dirección. Después de diez meses de huelga, nadie les podrá reprochar no haber hecho todo lo que estaba en su mano para impedir el cierre de la fábrica. Sin embargo, el traslado de la producción a Cáceres y Soria parece inexorable, entre otros motivos, por la nula implicación en este caso de las autoridades del herrialde y las autonómicas. Higinio Arteta, loado empresario hace años, nunca podrá agradecer lo suficiente la actitud que las instituciones han mantenido respecto a su empresa. O quizá sí.

A la semana de que los máximos representantes de la Troika dibujaran en Bilbo un virtual escenario de recuperación económica, en el consistorio bediaztarra se reveló la situación real de la economía vasca, con el proceso de desindustrialización que está sufriendo el valle de Arratia como ejemplo paradigmático. Empresas que rinden beneficios son avocadas al cierre por intereses particulares y cortoplacistas, mientras que las personas que durante años las han sacado adelante se ven en la obligación de luchar por sus puestos de trabajo, cada vez más inermes a causa de las reformas laborales. La deslocalización de Incoesa es lacerante, pues se trata de una fábrica asentada, que funciona y que ha recibido además fuertes sumas de dinero de las instituciones públicas. Estas, sin embargo, se han limitado a mirar a otro lado y, cuando tocaba, enviar a la Ertzaintza a proteger el desmantelamiento de la fábrica.

Lo ocurrido en Incoesa es un ejemplo de dignidad y lucha obrera, pero también de sometimiento institucional al interés empresarial. Iñigo Urkullu quiso marcar cierta distancia discursiva respecto a sus partenaires en el Guggenheim, pero Arteta no es un emisario de Bruselas, sino un empresario vizcaino al que su partido –e Iberdrola– le han dejado hacer y deshacer a su antojo a costa del futuro de muchas familias.