Dos no se corrompen si uno no quiere
Con los focos fijados el lunes en la sede del PSOE, la noticia de que Acciona despidió a su director de Construcción en el Estado español, Justo Vicente Pelegrini, por aparecer en el informe de la UCO, pasó desapercibida. Sí que obtuvo un amplio eco, en cambio, el impúdico comunicado de la CEOE, que mostró su «inquietud y preocupación», criticó el «deterioro acelerado» de las instituciones y reclamó «que se vuelva cuanto antes a un espacio de normalidad democrática».
El cinismo de la patronal es doble, porque para empezar, no se recuerda un comunicado similar ante los casos de corrupción del PP. Más bien al contrario, los grandes empresarios españoles criticaron duramente en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy después de la sentencia del caso Gürtel, que acreditó la financiación ilegal del PP. Pero el cinismo toca techo al ignorar deliberadamente la patronal el papel coprotagonista que las grandes empresas –constructoras, muy a menudo– tienen en los casos de corrupción vinculados a las comisiones a cambio de adjudicación de obra pública, todo un clásico del sistema político español.
El principal problema de este régimen no es la aparición de particulares capaces de corromperse, sino el carácter estructural de un intercambio de favores que adultera tanto la competencia democrática entre partidos –unos cuentan con recursos indebidos– como la supuesta libertad de mercado que defienden los abanderados del capitalismo. Porque en este esquema, las licitaciones no las gana la mejor oferta, sino la que mejores contactos tiene con el partido. ¿Cómo no alarmarse, en este contexto, ante las puertas giratorias? Las dos partes de este juego tienen deberes acumulados, por lo que la CEOE haría bien en retirar el dedo acusador y centrarse en depurar malas prácticas. Que las empresas implicadas en estos casos vean limitado su acceso a adjudicaciones públicas parece una demanda razonable. Estas y otras medidas para poner coto a esta corrupción sistémica deben ser la prioridad de un Gobierno español que no puede ceder al golpismo reaccionario, pero que si no actúa en serio no tendrá credibilidad.