Entre tanta discrepancia, disparidad de opiniones y credos, cosmovisiones y pluralidad antropológica, la muerte es algo que une a todos los seres humanos. La vivencia de la muerte, la visión que sobre ella tiene cada comunidad y dentro de ella cada persona, sigue siendo diversa, sin duda. Pero en el siglo XXI las instituciones políticas, religiosas o médicas no pueden rehusar el deber de dotar a esas visiones de un mínimo común: el derecho a una muerte digna, que priorice la voluntad de las personas y que haga para todas ellas humanamente más soportable ese momento de pérdida y duelo.

Cuando gracias al avance de la medicina la longevidad crece y hay enfermedades que pasan de ser fulminantes a crónicas –pero no por ello dejan de ser perversas–, cuando por multitud de factores otras se expanden como lacras, cuando por razones económicas, demográficas y de justicia los sistemas de salud y cuidados que tenemos deben ser repensados de raíz, cuando los dogmas tradicionales bajo los que se articuló nuestra experiencia común de la vida, la enfermedad y la muerte están caducos y no representan a la mayoría de la sociedad… no hay otra que avanzar hacia un trato distinto de estas cuestiones. Toca renovar los acuerdos sociales y políticos para avanzar hacia una mayor humanidad.

De la mano de EH Bildu y PNV el Parlamento de Gasteiz ha acordado por fin regular el derecho a una muerte digna. Se tratará de una norma limitada, cercenada por la legislación española que prohíbe expresamente la eutanasia. Seguramente el PNV no está hoy por hoy dispuesto a ir más lejos. EH Bildu ha hecho un ejercicio de pragmatismo, sin por ello renunciar a ir más allá en este tema. Por otra parte, durante todos estos años el PSOE ha cambiado varias veces el código penal, pero no para legalizar la eutanasia, sino para endurecerlo. Por eso las críticas del PSE a este acuerdo resultan ridículas. De hecho, en el programa con el que el PSOE se presenta a las actuales elecciones defiende «promulgar una ley de muerte digna y de cuidados paliativos. Si en la próxima legislatura hay un consenso al respecto, abriremos el debate sobre la eutanasia».

Convicciones, negociación, votación y avances

Más acá del debate sobre la muerte digna, este acuerdo, en plena campaña electoral y con la legislatura terminada de facto, contiene otras virtudes. Teniendo en cuenta la pluralidad de nuestra sociedad y entendida como un valor, se deben respetar las visiones de todos y se deben recoger tanto en el debate público como en las normas. Es decir, en este tema concreto, que el que como católico quiera morir lo pueda hacer, pero que no pueda decidir cómo lo deben hacer aquellos que no lo son.

Este principio democrático básico debe ir tomando cuerpo en todos los ámbitos de la vida social, porque es la manera institucional de terminar con los privilegios y las segregaciones. Todo el mundo debe poder decidir sobre las cosas que le afectan, desde lo individual a lo colectivo, pero no puede arrogarse la capacidad de decidir lo que serán o harán los otros.

Al mismo tiempo, las fuerzas políticas y sociales que plantean una alternativa a este sistema, deben desarrollar un fuerte trabajo de defensa de sus valores y concepciones, dentro del marco evidente de los derechos humanos y la justicia –que no la ley, tal y como se demuestra en el caso de la muerte digna–. Esto posibilitará abrir debates, revertir tendencias, alterar mayorías, mejorar posiciones negociadoras, gestionar mejor los tiempos, buscar alianzas y vencer políticamente. En igualdad de condiciones, con debates transparentes, respetando a las minorías, ponderando las desigualdades estructurales, mejorando los mecanismos de participación… en una palabra, democráticamente, avanzando unas veces a pasos y otras a saltos.

En ese trabajo político hay que mantener como premisa la idea de que todo el mundo tiene sus convicciones, que siendo falsas o verdaderas son tan profundas como las propias. No solo los adversarios, también entre los compañeros o aliados. Por eso las propuestas políticas se deben poder negociar y votar. Se trata de garantizar derechos y evitar su vulneración, no de elevar las convicciones a categoría de derecho, que es una estrategia para tener la razón, no para ganar políticamente.

Dar los debates de país pendientes –desde el euskara hasta servicios sociales–, supone una revolución democrática que permitiría abrir brecha con este estado decadente y dar margen para cambiar el sistema.