El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la CAV Juan Luis Ibarra ha renunciado a seguir al frente de la Comisión de Control y Transparencia de la Ertzaintza, según se supo ayer. La decisión llega tras el encontronazo que se plasmó en la última memoria de este organismo, en la que se criticó que la Policía le negara a la propia Comisión el atestado de la carga de Anoeta en la que resultó gravemente herida Amaia Zabarte. Una decisión de la Jefatura de Asuntos Internos –la misma que acaba de dejar impune la desaparición del test de drogas del hijo de un mando policial– que contó con el aval del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. Las dificultades de acceso a documentación oficial y la falta de medios han sido constantes, según señalaron desde la Comisión en la última comparecencia ante el Parlamento.

El organismo que presidía Ibarra desde hacía cuatro años también ha sido noticia recientemente a raíz de la presentación del informe ‘‘Mecanismos independientes de control policial’’, en el que se analiza el caso vasco como pionero, por la existencia de dicha Comisión, pero con una advertencia: «Su mera existencia no es garantía de éxito». El trabajo criticaba los límites a la capacidad de actuar de oficio, así como las trabas a la teórica «autonomía funcional», que en la práctica supeditan el órgano a la Consejería y a la propia Policía, cuyas trabas al trabajo de la Comisión han quedado patentes.

La renuncia de Ibarra, que coincide con la renovación de cinco vocales, confirma el carácter ornamental que Lakua da a la Comisión. Puede así vender una imagen de transparencia y rendición de cuentas que para nada se corresponde con la realidad, mientras el peso de las investigaciones recaen sobre un departamento de Asuntos Internos aparentemente más preocupado por controlar los escándalos que por depurar responsabilidades. La decisión del expresidente del TSJPV no es una noticia menor, pues muestra lo enraizada que está en la Ertzaintza una nefasta cultura de la impunidad. Desterrarla es imprescindible para construir un modelo policial en el que los agentes cumplan con sus obligaciones y que tenga los derechos de todas las personas como principio rector.