El debate sesgado sobre las pensiones se afianza

La comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo aprobó ayer las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones en el Estado español. Avalaron la propuesta consensuada en el Congreso PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, PNV y Coalición Canaria, mientras que los partidos independentistas de izquierda, ERC, EH Bildu y el BNG, optaron por la abstención, al considerar que el documento era claramente insuficiente y, además, no recogía las principales demandas del movimiento de pensionistas.

Las recomendaciones contienen algunos cambios positivos, como por ejemplo la vuelta a la revalorización de las pensiones en función de la carestía de la vida, pero es claramente insuficiente en otros muchos aspectos. Así, se penaliza la jubilación anticipada, se apuesta por los planes privados de pensiones y no hay ninguna mención a la pensión mínima, solamente una vaga recomendación de establecer una referencia adecuada para que las pensiones sean suficientes para garantizar una vida digna. La mayoría de los puntos giran en torno a cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones sin considerar su relación con la economía. Todos los ajustes se plantean buscando el equilibrio entre ingresos y gastos, como si el sistema colgara del aire y no estuviera estrechamente vinculado a las relaciones laborales. En el fondo, lo acordado en la comisión del Congreso español viene a reforzar ese marco de debate sesgado que olvida que se podrían aumentar sustancialmente los ingresos por cotizaciones si se terminara con las elevadísimas tasas de desempleo, la gran cantidad de trabajos precarios y los bajos salarios que han dejado las sucesivas reformas laborales.

La principal garantía para las pensiones actuales y futuras es el pleno empleo con salarios dignos. Olvidar esa premisa fundamental es permitir que el sistema financiero siga socavando el sistema público para hacer de las pensiones su nuevo negocio.

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