El Estado margina a las lenguas medianas

Al Estado español le gusta presumir de que su modelo de descentralización administrativa ofrece a las comunidades autónomas un mayor poder y muchas más competencias que cualquier otro modelo de los existentes en la Unión Europea. Una afirmación que no resiste ni el más superficial análisis. Con respecto a la lengua, un estudio elaborado por la Plataforma per la Llengua de Catalunya ha dejado en evidencia esa falacia propagandística.

La comparación del estatus de las lenguas que cuentan con más de un millón de hablantes (lenguas medianas) en países tan diferentes como Bélgica, Estado español, Suiza y Canadá les ha permitido extraer varias conclusiones significativas. En primer lugar, solamente el Estado español no reconoce a las lenguas medianas como oficiales del Estado, a pesar de ser la entidad que más hablantes de estas lenguas tiene (8,2 millones), por encima de Bélgica (6,2 millones), Suiza (2,8 millones) y Canadá (7,6 millones). La única oficial y que además conlleva el deber de conocerla para todos los habitantes del Estado es el castellano, lo que provoca una clara asimetría: otorga un estatus superior al castellano al tiempo que relega al resto a una posición marginal e impide que cualquier otra lengua pueda llegar a ser preferente en ningún ámbito. La Constitución otorga de facto la supremacía al castellano. En segundo lugar, el estudio destaca que, gracias a la oficialidad, el resto de países analizados camina de hecho hacia un unilingüismo oficial regional. La libertad de elección entre las diferentes lenguas oficiales permite que las lenguas medianas puedan ser mayoritarias en determinados territorios, lo que ofrece protección y capacidad de desarrollo a las lenguas autóctonas. Un camino impensable para Madrid.

La clasificación europea que el Estado español sí encabeza, junto con Turquía, es la de los Estados europeos que menos reconoce a las comunidades lingüísticas medias,  algo, por otra parte, coherente con ese supremacismo lingüístico fruto de una escasa tradición democrática.

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