En el debate sobre autogobierno celebrado ayer en el Parlamento de Nafarroa se visualizó claramente la ya más que evidente pugna entre dos modelos políticos. La unanimidad con que contó una de las 15 resoluciones aprobadas ni siquiera disimuló las concepciones totalmente opuestas de autogobierno y democracia de quienes defienden uno y otro modelo y que no se corresponden con una división entre «nacionalistas y no nacionalistas», sino entre quienes niegan la palabra a la ciudadanía navarra y quienes consideran que esta es un sujeto político con derecho de decisión sobre sí misma.

El modelo vigente desde hace décadas, y en muchos aspectos continuador del anterior, apuesta por mantener «el proyecto común de España». Mantenerlo y perpetuarlo incluso blindándolo ante la voluntad popular hasta el punto de defender la supresión de la Transitoria Cuarta de esa Constitución que anteponen a los intereses de los navarros y navarras. A estas alturas resulta ridículo que sus defensores apelen al autogobierno navarro, ese que un día sí y otro también se ve atacado por su «proyecto común», que no lo es sino de una pequeña élite partidaria de seguir a pie juntillas las pautas marcadas por Madrid. Un proyecto que ha dejado un largo rastro de corrupción desde su comienzo.

Frente a ese modelo caduco, la necesidad de otro radicalmente distinto se hace día a día más patente, y la alternativa pasa por la defensa de derechos y libertades materializada en el derecho a decidir de toda la ciudadanía. Sobre su futuro, sobre sus problemas y su desarrollo, sobre sus relaciones y organización.

El debate de ayer no trataba, no podía tratar, de la recuperación de una competencia o el respeto a una resolución concreta del Parlamento; tampoco de esa suerte de derecho a no decidir por el que aboga Yolanda Barcina, sino de dos proyectos enfrentados: el «común de España» y el del respeto pleno a lo que los navarros y navarras decidan en cualquier materia.