La comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una proposición no de ley que insta a terminar con la política de dispersión y acabar con las medidas excepcionales de aislamiento aplicadas a los presos vascos. Junto con esa iniciativa de EH Bildu se aprobó también una enmienda adicional que aboga por avanzar en las políticas de convivencia teniendo en cuenta los principios de individualización, humanidad y reconocimiento del daño causado. Solamente el PP votó en contra de la proposición y se abstuvo en la enmienda adicional.

La mayoría de las valoraciones posteriores, especialmente desde los medios de comunicación, trataron de subrayar como novedad el hecho de que EH Bildu hubiera aceptado la inclusión del punto relativo al reconocimiento del daño causado. En realidad se trata de una cuestión que ha sido reiteradamente asumida tanto por el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK), hace ya cuatro años y medio por primera vez, como por la izquierda abertzale en su conjunto, tal y como señaló antes de la votación Arnaldo Otegi. Lo verdaderamente relevante de la declaración aprobada ayer fue la postura del PSE, no tanto porque no haya mantenido posiciones favorables al final de la política de dispersión, como por el hecho de que lo haga ahora que el Gobierno de Madrid ha cambiado de signo y está en manos del PSOE. No contar con poder en Madrid le permitía defender una cosa aquí y otra allende del Ebro al mismo tiempo, pero la excusa del inmovilismo del Gobierno de Rajoy se ha acabado.  

La retórica se ha agotado. Hace ya tiempo que la sociedad vasca demanda hechos y ya no quedan disculpas que valgan para que el Gobierno del PSOE no termine con la excepción en las cárceles y cumpla la ley: respete los derechos humanos de los presos y ponga fin al castigo que se infringe a sus familiares. Sin duda, lo más relevante del pronunciamiento de la Cámara de Gasteiz ayer.