El BBVA celebró ayer su junta anual de accionistas en Bilbo. El actual presidente de la entidad, Francisco González, pronunció un discurso en el que abogó por una nueva arquitectura legal que responda al actual orden económico y social. Según González, se está produciendo un cambio tecnológico sin precedentes que está creando muchísima riqueza, pero considera que hay que garantizar que esa riqueza llegue a todos los ciudadanos, para lo que es necesaria otra arquitectura legal. Un discurso calcado a aquel otro más antiguo de Marx sobre el desarrollo de las fuerzas productivas que entra en conflicto con unas relaciones de producción anticuadas que frenan el progreso de las primeras. Llegados a ese punto, según Marx –González obvió esta cuestión–, la transformación de las relaciones de producción se vuelve inevitable, bien sea mediante reforma o revolución.

El hecho de que en su discurso anual el presidente de uno de los grandes bancos mundiales haya puesto el acento en el creciente conflicto entre una riqueza en progresión constante y la necesidad de distribuirla de manera más justa da medida del conflicto social cada vez más explícito que vive nuestra sociedad. Uno de los reflejos más inspiradores de esa contradicción son las grandes movilizaciones de jubilados y pensionistas que hoy volverán a tomar las calles de las cuatro capitales de hegoalde. El colectivo de pensionistas plantea, además, una lucha de largo alcance: exige un aumento de sus pensiones ahora, pero reivindica también el mantenimiento a futuro de un sistema público de pensiones para todo el mundo.

Francisco González prometió ayer que a partir de ahora el dividendo de los accionistas crecerá en la misma proporción en la que aumenten los resultados del grupo, es decir, los beneficios. Para los accionistas del banco no hay ni IPC, ni factor de sostenibilidad, ni otros subterfugios similares: el dividendo va en relación con la riqueza. ¿Por qué no se puede aplicar la misma lógica a las pensiones?