A estas alturas de película de un proceso marcado por indecisiones y miedos (nada que ver con la determinación con que se acometió en Iruñea la exhumación de Mola y Sanjurjo), la decisión del Tribunal Supremo español de suspender temporalmente la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos no ha sorprendido a nadie. Pero sí ha sobresaltado a muchos el reconocimiento regalado en ese auto al dictador de la condición de jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936. Como señalaba ayer en estas páginas el comentario de Beñat Zaldua, en coherencia ello solo cabe concluir que el Alto Tribunal español considera que quienes incurrieron en ilegalidad desde entonces fueron quienes luchaban en el bando republicano contra el  Alzamiento militar. Alucinante pero cierto, está escrito.

De las reacciones producidas ayer, buena parte incidía en atribuir esa mención a una «metedura de pata». Es lo que piensa, por ejemplo, el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka. Pero es imposible un error de tal calibre cuando los jueces del Supremo han elegido con extrema precisión la fecha desde la que blanquear a Franco y la han ubicado además en la fase inicial de la guerra, contribuyendo con ello a minimizar toda la matanza posterior, perpetrada según su versión desde la autoridad legítima.

Habrá también quien vea tras esa afirmación un intento de revisionismo histórico, pero tampoco esto sería correcto: esa sala del Supremo sin duda se ha limitado a decir lo que sus jueces siempre han pensado. Porque, de hecho, lo realmente grave no es siquiera que se haya aceptado el 1 de octubre de 1936 como fecha de legitimación de Franco, sino que se defina como jefe de Estado, sin cuestionamiento alguno, al promotor de un golpe de Estado materializado con uno de los mayores baños de sangre del siglo XX y culminado con 40 años de dictadura. De aquellos polvos siguen viniendo estos lodos. El problema menor son esos restos bajo tierra; el enorme son los que están encima.