La Delegación del Gobierno español en Madrid hizo pública ayer su decisión de impedir la entrada de esteladas a la final de la Copa de fútbol, este domingo en Madrid bajo la presidencia de Felipe de Borbón. Justificó su decisión parapetándose tras los preceptos de la ley contra la violencia en el deporte. Lo cierto es que esta norma hace una definición tan amplia de acto que incite a la violencia que casi cualquier expresión o símbolo puede considerarse y perseguirse como tal (mucho saben de ello los hinchas vascos). La Generalitat considera la decisión una limitación de la libertad de expresión inaceptable y anuncia que el president, Carles Puigdemont, no acudirá a Madrid. Habrá que ver cuál es la posición que adopta el Fútbol Club Barcelona, cuyos aficionados son los directamente reprimidos.

Posiblemente la precampaña electoral haya tenido su peso en la decisión. Conviene recordar que hace escasamente un mes la Audiencia Nacional obligó al juez Andreu a reabrir la causa por la pitada al rey en la final del año pasado, antes sobreseída dado que así ocurrió también con la de 2009, mediante un llamativo argumento: considerar el cambio en el ambiente respecto a la independencia de Catalunya razón suficiente para investigar la pitada de 2015, dando así naturaleza política a la reapertura de la causa. En los mismos términos hay que valorar la decisión de ayer de la Delegación del Gobierno, cuyo objetivo no es otro que el político de coartar cualquier expresión independentista en un acontecimiento televisivo de masas.

La decisión cercena, además, la libertad de expresión, un derecho básico que exige protección adicional en un Estado democrático, tal y como defendió la Fiscalía en 2009. Pero sobre todo es una muestra más de la debilidad de un Estado que, falto de argumentos e incapaz de encauzar de un modo democrático la aspiración de los pueblos a decidir su futuro en libertad, lo único que ofrece es autoritarismo, politizando ridículamente hasta una final de fútbol.