Resulta discutible si el mundo avanza o retrocede en términos democráticos y de respeto a los derechos humanos, en tanto en cuanto ese desarrollo depende de las luchas de los diferentes pueblos, comunidades y personas y de los equilibrios y desequilibrios de poder en un momento histórico dado. Pero es evidente que, al menos en el plano discursivo, cada vez resulta más difícil sostener en el tiempo planteamientos que defiendan cualquier tipo de discriminación. Y el veto a proyectos políticos legítimos y democráticos es una discriminación de primer orden. Las comunidades, las personas que las conforman, deben poder decidir su futuro, deben ser soberanos. Son valores democráticos básicos que tienen difícil negación si no es por la fuerza.

Por eso quienes quieren negar el derecho a decidir de los pueblos cada vez tienen más problemas para justificar su postura. Paradójicamente, intentan hacer de las leyes barreras contra los derechos, cuando en realidad las leyes deberían ser garantías de los mismos.

Esa barrera en esta esquina de Europa tiene un nombre: Constitución española. Y un guardián: el Tribunal Constitucional. La sentencia emitida contra la declaración de nacionalidad del Parlament de Catalunya ha sido interpretada por algunos juristas como una puerta abierta, quizás una grieta. Quizás sea más acertada otra metáfora: ese muro sigue intacto, pero tiembla. Tiembla ante la consciencia de que las barreras legales no pueden contener las voluntades populares cuando se manifiestan por el camino adecuado y con la contundencia suficiente. Tiembla ante Catalunya. Y por eso ha parido un fallo contradictorio en todos sus términos, en el que el derecho a decidir se reconoce como «aspiración política» al tiempo que se niega a Catalunya la consideración de nación, o sea de sujeto de ese derecho a decidir. Es decir, el TC toma el camino más largo e inverosímil: negar lo primero para aceptar lo segundo, rechazar lo aparentemente más evidente para asumir lo hasta ahora más discutible. Quizás nadie estos días haya resumido mejor el estrambote que la viñeta de Toni Batllori en ‘‘La Vanguardia’’, en la que un juez del Constitucional intenta explicar el fallo y dice: «Para que lo entiendan... ustedes no son nadie... pero tienen derecho a intentar ser alguien... aunque nosotros, por supuesto, no se lo vamos a permitir».  

Con todas sus diferencias, los casos actuales en los que el derecho a decidir se está desarrollando (desde Escocia hasta Crimea, pasando por Catalunya o Euskal Herria) comparten elementos: razones de partida, firmeza en el recorrido y estrategia para culminarlo. Paradójicamente, el primero ha sido a veces el menos importante. Sin duda, en Euskal Herria es un factor ya ganado: que este país es una nación es una realidad evidente ante el mundo, sin más discusión posible que cuáles son sus fronteras exactas, y cualquier TC que lo refute solo se desacredita a sí mismo. Pero los otros dos elementos han sido tarea pendiente en estos últimos años. En Catalunya el gran cambio de estos años es que se ha adquirido la firmeza (resultaba impensable hace bien poco que ante el veto del TC Artur Mas respondiera con un «superaremos todos los escollos») y aparentemente también la estrategia (en cuya definición no solo está la mayoría política, sino también la sociedad civil, encarnada en la Assemblea Nacional Catalana, y con la innovación como herramienta).  

En este país, el mejor ejemplo reciente de la falta de firmeza y de estrategia es lo ocurrido el 1 de febrero de 2005 a la vuelta de Madrid, donde el proyecto de nuevo Estatuto había sido arrojado al contenedor sin la más mínima concesión al debate. Juan José Ibarretxe encarnó entonces la imagen del fracaso, aunque ciertamente afrontó aquel camino mucho más solo de lo que debía, abandonado para empezar por su propio partido (en la memoria quedan aún el cariacontecido Josu Jon Imaz en la tribuna del Parlamento tras aprobarse el proyecto o los dardos envenenados de Iñaki Azkuna al lehendakari). La izquierda abertzale, por su parte, tampoco apostó a fondo por activar a su base social y se centró más en las limitaciones del Plan, evidentes y probadas, que en aprovechar sus potencialidades. Si miramos al momento político que se vivía entonces con un mínimo de profundidad, todo lo ocurrido es fácilmente explicable. Pero el que todos a su manera tuvieran razón no evita que deberían hacer una autocrítica, no a modo de penitencia, sino para no volver a cometer los mismos errores y poder garantizar en un futuro cercano las legítimas aspiraciones de una sociedad que apenas fue convidada de piedra de aquellos hechos.

Quizás el alegato de Ibarretxe el viernes en Bilbo sea una señal de que una década después las convicciones han tomado más solidez, pero lamentablemente el modo en que el PNV encara la ponencia de nuevo estatus del Parlamento de Gasteiz suena más a Imaz y Azkuna que a otra cosa. En cuanto a la estrategia pendiente, no es una tarea a echar sobre el tejado de un partido concreto, sino una labor colectiva en la que PNV y EH Bildu tienen una responsabilidad compartida y están obligados a un liderazgo común.

Como en Catalunya, la sociedad civil vasca tiene muchísimo que aportar a esa estrategia democrática, en empuje y en ideas. Ayer tarde miles de personas abarrotaron el Pabellón de La Casilla en el acto más potente de Gure Esku Dago hasta la fecha, y a apenas 80 días de la cadena humana que debe ser un aldabonazo para avanzar y hacerlo con cierta rapidez. Hay condiciones objetivas, tanto a nivel internacional como en Euskal Herria, para avanzar en este terreno. Las condiciones subjetivas mejorarán si se es capaz de aprovechar un momento histórico y transmitirlo con convicción y un nuevo estilo. Hay que hacer visible lo evidente.

Y es evidente que no hay razón válida para negar el derecho a votar por un proyecto democrático. El reto de quienes defienden el derecho a decidir es bestial. El de quienes lo niegan es mucho mayor.