El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido el fallo definitivo sobre el caso de las vacaciones fiscales y ha cifrado en 30 millones de euros el reproche por la tardanza en recuperar las ayudas que se concedieron a numerosas empresas radicadas en la CAV, que hace más de una década que fueron consideradas ilegales. La multa es inferior a la cantidad inicialmente requerida por las instituciones europeas, pero es en todo caso muy alta y, lo que es más importante, confirma que las administraciones vascas no actuaron debidamente ni cuando permitieron a algunas firmas minorar –o eludir– su tributación ni al retrasar la recuperación del dinero tal como exigía la Unión Europea.

Lo ocurrido con las vacaciones fiscales ha sido un despropósito desde el primer minuto hasta el desenlace, un error descomunal propiciado por el deseo de algunos políticos de satisfacer el interés de la clase empresarial, cuya factura pagará el conjunto de la ciudadanía. Haciendo un uso espurio de sus limitadas competencias en materia tributaria, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa decidieron en la última década del siglo pasado favorecer a determinadas empresas con el argumento de que de esa forma salía beneficiada la competitividad de los tres territorios, una excusa que no era cierta en su momento y que ha derivado, dos décadas después, en un importante perjuicio económico. Y lo ha hecho, entre otros motivos, porque cuando Europa ya había zanjado el debate sobre la legalidad de las ayudas y había exigido su devolución, quienes gobernaban en las diputaciones optaron por una estrategia dilatoria cuyo resultado es esta sanción.

Nada más conocerse el alcance de la multa algunos portavoces institucionales centraron sus reacciones en la forma en que debe procederse al pago y en cómo se repartirá la cuantía entre las administraciones. Son cuestiones importantes que deben ser aclaradas en las próximas fechas pero que no pueden servir de trinchera en la que quienes actuaron de forma incorrecta puedan parapetarse. Su mala gestión ha dañado las arcas públicas y ya va siendo hora de fijar responsabilidades.