En defensa del pluralismo y contra el sectarismo
29/01/2020

La decisión del alcalde de Iruñea, Enrique Maya, de alterar los criterios de reparto de la publicidad institucional, de tal manera que margina claramente a la prensa vasca y a los medios en euskara, supone un ataque contra la pluralidad informativa. Es parte de una agenda retrógrada y reaccionaria para revertir los logros sociales y culturales de la legislatura de Joseba Asiron. Maya quiere recuperar el sistema clientelar de dar más a los que le favorecen y vetar a los que más le critican. Detrás de estas medidas de castigo se esconde una gran debilidad política. En esto no le apoyan más que sus fieles.

GARA es el tercer periódico más vendido en los kioskos de Iruñea. Los y las lectoras iruindarras de GARA y NAIZ van a las piscinas públicas de la capital como el resto de personas, les afectan los desvíos de tráfico igual que al resto, asisten a muchos espectáculos porque son culturalmente muy activas, y están muy comprometidas con la participación ciudadana. Son vecinos que cumplen con sus obligaciones y tienen que tener los mismo derechos que quienes leen otros periódicos que se crean y producen en nuestra tierra. Que Enrique Maya y su coalición electoral piensen que su tierra no es Euskal Herria es algo sujeto al debate público. Pero para que ese debate sea libre, no se puede primar a unos medios y vetar a otros. La agenda y la información institucional no pueden ser solo para unos.

Enrique Maya no puede discriminar en base a sus fobias y filias. Que él tenga alergia a todo lo que suene a vasco no puede convertirse en política pública. No puede financiar a los medios que a él le venga en gana y escatimar la información a una parte relevante de la población. Es el alcalde de los y las pamplonicas, de todas, no solo de sus votantes más ultras. No puede dividir a la ciudadanía en clases. Un alcalde no debería ser sectario y las instituciones deberían promover la pluralidad y el debate social. Por todo ello, GARA ha decidido combatir esta política pública discriminatoria en todos los terrenos, incluido el judicial.

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