El bloque de investidura logró aprobar un paquete fiscal que incluía, entre otras cuestiones, un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales –que exigía Bruselas–, cambios en el IVA para perseguir el fraude y el impuesto a la banca. Fuera de este mínimo común quedó la prórroga del gravamen a las energéticas, a causa de la presión de los oligopolios liderados por Josu Jon Imaz.

A pesar de quedar fuera, Junts condicionó su apoyo al paquete fiscal a que el impuesto a las energéticas no gravara las inversiones que descarbonicen, mientras que Podemos exigió que se tramitara como una proposición de ley con objeto de crear un nuevo tributo. Ayer se celebró la mesa para acordarlo y tanto Junts como PNV decidieron no acudir. El argumento que utilizó Aitor Esteban fue sorprendente: al no ser un impuesto propiamente dicho, no tiene encaje su traspaso a la CAV. Sorprende porque si va a ser un impuesto nuevo, todo está por diseñar y podría concertarse. Además, la recaudación del actual gravamen temporal ha sido íntegra para los gobiernos autonómicos, por lo que si este tributo decae finalmente, se perderá una fuente de ingresos. Ante la ausencia de Junts y PNV, el Ministerio acordó prorrogar el actual gravamen por decreto  –para su convalidación también necesita los votos de Junts y PNV– y así ganar tiempo para continuar la negociación de un impuesto permanente. En este ambiente de confusión, el martes Junts apoyó una enmienda del PP en la tramitación de otra ley que suspende la aplicación del impuesto a la producción eléctrica. No bajará el precio de la electricidad, como aseguraron sus impulsores, porque los oligopolios eléctricos tienen poder de mercado para apropiarse del nuevo margen y añadirlo a sus ganancias.

La amplia y heterogénea mayoría que sustenta al gobierno en Madrid hace que cualquier proyecto legislativo se convierta en un rompecabezas difícil de seguir, lo que termina por desvirtuar el sentido político de lo que se aprueba y la posición de cada fuerza política. Eso es lo que está ocurriendo ahora con las modificaciones fiscales; y en este juego por ganar puntos, pueden terminar perdiendo la partida.