El pasado 2 de octubre desapareció el periodista exiliado de origen saudí Jamal Khashoggi, después de que entrara en el consulado de su país en Estambul. El Gobierno turco fue el primero en denunciar la desaparición y en exigir explicaciones sobre lo ocurrido al régimen saudí. Exigencia a la que posteriormente se han unido otros países, entre ellos varios de la Unión Europea, e incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El escándalo ha provocado, asimismo, que varias empresas retiren su patrocinio al llamado «Davos del desierto», al que también se ha negado a acudir la presidenta del FMI. Tal ha sido la presión diplomática y política que incluso el más estrecho aliado de Arabia Saudí, Estados Unidos, se ha visto igualmente obligado a exigir aclaraciones.

La negación de cualquier responsabilidad primero y las amenazas posteriores han dado paso a un intento de explicación que permitiría salvar la cara al régimen de Riad. Filtraciones interesadas apuntan a un relato lleno de eufemismos para justificar una ejecución extrajudicial o una muerte por tortura como consecuencia de que algún funcionario se hubiera «extralimitado». En ambos casos, con cualquier justificación, Arabia Saudí sería responsable de un grave crimen y de una flagrante violación de los más elementales derechos humanos, así como de no respetar la convención contra la tortura de la que es firmante.

El siniestro episodio, todavía por aclarar, deja dos consecuencias graves. En primer lugar, evidencia la nula importancia que tiene para el Gobierno de Riad el respeto a los derechos humanos, cuando es capaz de violarlos impunemente incluso fuera de sus fronteras. Y en segundo lugar, muestra la consideración con que los países occidentales tratan las violaciones de los derechos humanos de su aliado y principal suministrador de petróleo: han alzado la voz exigiendo respuestas, pero en ningún caso se han planteado, por ejemplo, suspender la venta de armas.