La Audiencia Nacional española hizo público ayer el cierre del ‘caso Couso’, en virtud de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo que alude a la falta de competencias de los tribunales españoles en ese tipo de causas. Por tanto, queda sin efecto la orden de detención internacional de tres militares estadounidenses procesados por la muerte del cámara de televisión José Couso en un ataque durante la invasión de Irak, en 2003.

También ayer, día de dicho sobreseimiento, el vecino de Zizur Koldo Sánchez se presentó en la Audiencia de Nafarroa para ingresar en prisión, tras haber sido condenado a tres años y seis meses por los incidentes que tuvieron lugar en la plaza del Ayuntamiento de Iruñea el día del txupinazo de 2010, cuando la Policía Municipal cargó contra quienes portaban ikurriñas y un joven resultó herido, por lo que también el Ayuntamiento fue condenado como responsable civil subsidiario –claro que ni el alcalde ni ningún otro responsable municipal a la sazón ingresarán en prisión–. Y el mismo día en que un juez de la AN hizo saber que no se puede procesar a los autores de la muerte de Couso, en la Audiencia de Bizkaia fueron juzgados el exalcalde de Elorrio Niko Moreno y los vecinos de esa localidad Josu Herrero y Rakel Ugarriza, los dos últimos acusados de llamar fascista a una concejala del PSE durante una discusión en un pleno del Ayuntamiento, y de «no actuar ante los insultos» en el caso del exalcalde.

Resulta abrumadora la abundancia de competencias a disposición del Estado español para encarcelar y perseguir a ciudadanos o símbolos, incluso sin existencia de delito. Y frente a esas competencias y la profusión de su uso, la nula capacidad para siquiera alzar la voz ante desmanes como la muerte de Couso. O para evitar y en su caso perseguir otros mucho más habituales, como el maltrato padecido por el preso vasco Gorka Fraile en el hospital de Badajoz a manos de policías españoles cuando iba a ser sometido a una operación para extirparle un tumor.