El recién constituido Parlament catalán dejó clara por boca de su presidenta su voluntad de avanzar hacia la independencia. Es decir, su intención de obedecer el mandato popular manifestado en la calle y en las urnas hace un mes. Las fuerzas independentistas parecen dispuestas a recorrer esta nueva y decisiva etapa sin dilación. La declaración hecha pública ayer por Junts Pel Sí y la CUP, que contempla la creación de la república catalana independiente y será sometida a votación próximamente, propone el incumplimiento de cualquier norma o mandato que no proceda de su Parlament e insta al futuro Govern a hacer lo propio para proteger los derechos fundamentales frente a decisiones de las instituciones del Estado español. Es decir, buscan blindar ese mandato democrático ante injerencias.

La reacción del Ejecutivo de Madrid no sorprendió, salvo por la premura con que Mariano Rajoy compareció para advertir de que activará «todos los mecanismos jurídicos y políticos». Una muestra de la naturaleza autoritaria de su Gobierno, toda vez que esos mecanismos no contemplan el convencimiento por medio del debate, sino con la amenaza y el veto. Denominar «acto de provocación» la propuesta de las dos fuerzas que componen la mayoría de un parlamento, ahora sí, soberano, confirma esa extraña concepción de la democracia que anida en La Moncloa.

El argumento para tildar de provocación la propuesta de las fuerzas que representan la sensibilidad mayoritaria de los catalanes es, de nuevo, el incumplimiento de la ley. Argumento que comparte el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien tachó de «pulso antidemocrático» la declaración. Ambos pretenden, inútilmente, que la sociedad catalana perciba como democrática esa ley que otorga supremacía a los proyectos del PP o del PSOE, entre otros; pero, como muy bien apuntó Rajoy, no de la gran mayoría del Parlament y quienes lo han elegido, cuya voluntad sencillamente desprecia. Por eso quieren su propia ley.