Puede adquirir expresiones violentas como estos días en Belfast o puede tomar la forma de un saludable y democrático referéndum sobre el máximo de población que un país puede soportar, como en Suiza, pero la pulsión racista contra migrantes y refugiados es una de las principales características de nuestro tiempo. Hay quien en Europa se siente moralmente superior por evitar escenas inhumanas como las ofrecidas por el ICE en EEUU, pero no hay mucho que celebrar en el Viejo Continente.

Hoy entra en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que eleva a doctrina comunitaria la política migratoria más restrictiva defendida por países gobernados por la extrema derecha, como Italia, pero también por socialdemócratas como Dinamarca. La bandera antiinmigración es eminentemente ultraderechista, pero su aplicación es bastante transversal. Desde hoy, entre otras medidas, se establecen controles fronterizos obligatorios, se agilizan procedimientos y se instaura el mecanismo de solidaridad por el que un país podrá pagar 20.000 euros por cada migrante que se niegue a acoger. Ponerle precio a una vida nunca fue una gran idea. El Pacto incluye también el Reglamento de Retorno aprobado recientemente, que valida la expulsión de migrantes –también de menores– a centros de detención en terceros países.

Es un pacto que tendrá consecuencias en Hego Euskal Herria. Según han señalado algunas expertas en la materia, uno de los centros de cribado en los que las migrantes sin papeles en regla serán identificadas, dando inicio a un proceso que puede acabar en una expulsión exprés si en 12 semanas se deniega la solicitud de asilo, se situará aquí. El Gobierno de Imanol Pradales, que ayer estuvo en Canarias con el papa en una visita con la migración como eje, se ha quejado repetidamente de la falta de información. Es urgente aclararlo y, en caso de confirmarse, articular estrategias transversales y eficaces para hacer valer una visión vasca de la migración que tenga como eje la dignidad y los derechos de todas las personas, así como el carácter genuinamente universal de los valores de apertura y libre circulación con los que se supone que se fundó la UE.