E estudio que cuantifica la economía sumergida en la CAV dejó ayer un buen número de titulares sobre lo que se esconde y lo que se defrauda, a pesar de que los autores del informe tratan en todo momento de acotar el alcance de las estimaciones a las que han llegado. Y es que no toda la economía sumergida genera fraude fiscal ni, mucho menos, el fraude fiscal se reduce a la economía sumergida. Esta última responde más bien a actitudes comunes en la sociedad, más o menos arraigadas, e involucra principalmente a pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y consumidores. Las grandes empresas utilizan otras vías bastante más sofisticadas para evadir impuestos.

En ese sentido resulta muy ilustrativo que una de la conclusiones a las que han llegado los autores es que la economía sumergida crece en los periodos de crisis y se reduce en las épocas de bonanza. Dato que refleja el funcionamiento de una sociedad en la que esconder actividades económicas o ingresos se considera un riesgo aceptable, toda vez que resulta poco probable que una inspección pueda alcanzar al defraudador; o que pueda sufrir el reproche de la sociedad por una conducta que nada tiene de solidaria y que además corroe las bases de los servicios sociales y del estado de bienestar. Las encuestas también reflejan lo arraigada que está esa actitud cuando más de la mitad de los entrevistados declara que pagar impuestos no sirve para nada. Los grandes titulares no hacen más que reforzar la idea de que todo el mundo defrauda y no se hace nada para evitarlo.

Tan normal como defraudar se considera exigir más dinero para los programas públicos o la financiación de actividades que cada persona considera importantes, ya sean éstas culturales, sociales o deportivas, sin ponerse a considerar, ni por un momento, de dónde proceden los recursos que tan vehementemente se exigen, como al parecer sí hicieron los suizos hace unos días.