Los diez años en funcionamiento de la incineradora de residuos Zabalgarbi son motivo de celebración para las instituciones y la propia empresa semipública. Para Ekologistak Martxan, sin embargo, todo lo contrario, y el informe de esa asociación ofrece una serie de datos que difícilmente invitan a celebración alguna. Una sencilla pregunta cuestiona su finalidad: ¿por qué y para qué reciclar y aprovechar la basura si la necesita la incineradora? Y constataciones como el quinto puesto que Zabalgarbi ocupa entre las instalaciones de la CAV que más gases de efecto invernadero emiten, entre otras, llevan a la conclusión de que se han perdido diez años para avanzar en la implantación de otros sistemas de gestión y tratamientos de residuos menos nocivos para el medio ambiente y la salud, además de acordes con lo dispuesto por la normativa europea.

Los datos del informe son negativos, asimismo, en lo referente a la valorización de residuos, y desmienten la teórica sostenibilidad económica de la planta. La energía eléctrica generada en ella procede del gas natural en un 70%, y solo un 30% de los residuos incinerados, e incluso se han incinerado residuos sin generación eléctrica durante largos periodos. Pero más cuestionable resulta que Zabalgarbi haya estado percibiendo desde su comienzo las primas de Régimen Especial teniendo en cuenta toda la electricidad generada y no solo la obtenida a partir de los residuos. Unas primas que podrían llegar a 17 millones de euros.

El tratamiento de residuos es un problema considerable en las sociedades modernas. Tanto que la legislación europea está elevando su nivel de exigencia al respecto, un nivel del que Bizkaia está muy lejos. Esa legislación responde a la tendencia a mayores tasas de reciclaje, cada vez más incompatible con la incineración de residuos, como ha demostrado Gipuzkoa. Por eso, el empeño de las actuales instituciones por la incineración solo se puede justificar por intereses que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente y la salud –ni siquiera con la viabilidad económica– y, por tanto, con el bien común.