Apenas un día después de que el Gobierno español promulgase el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de neumonía por coronavirus, el rey español, Felipe VI, hizo público un comunicado en el que informaba de que renuncia a la herencia de Juan Carlos de Borbón que le pudiera corresponder. Asimismo, anunciaba que retiraba a su progenitor la asignación que tenía fijada en los presupuestos de la Casa Real. De este modo, el actual inquilino de la Zarzuela repudiaba públicamente a su padre con el fin de que sus tropelías no le salpiquen. Sin embargo, ni siquiera el momento elegido ha impedido que tan sonora bofetada retumbe con fuerza y provoque todavía más preguntas que las que pretendía acallar.

Con este movimiento el Estado español busca hacer creer al mundo que hasta hace un año Felipe VI no conocía los negocios corruptos de su padre, ni las fundaciones opacas a beneficio de su familia que había creado en paraísos fiscales –que confirman una vez más que estas jurisdicciones solo sirven para esconder dinero de origen ilegítimo, cuando no directamente ilegal y fraudulento–. Cuesta creer que su hijo no supiera nada, pero todavía más que el rey emérito español lo haya podido ocultar durante cuarenta años, algo totalmente imposible si no hubiera contado con la complicidad de toda la élite económica, política, judicial y mediática del Estado. Detrás de todos estos tejemanejes alrededor del trono se adivina un régimen poco democrático y totalmente corrupto, que ha afianzado su trama fraudulenta valiéndose de la imagen del monarca. Y una vez amortizada su figura, los que le mantuvieron no han tenido escrúpulo alguno en deshacerse de él.

Toda la corrupción y el fraude denunciados deberían ser investigados. Pero ya no se trata de fundaciones en paraísos fiscales, sino de que la monarquía es un artilugio que rompe con la igualdad y abre la puerta al latrocinio. La única renuncia válida es la renuncia al trono.