El último Sociómetro de Lakua ha vuelto a poner de manifiesto que la vivienda es el principal problema social en la CAV, donde casi tres de cada cuatro personas (72%) lo citan como primer motivo de preocupación. Es un dato contundente, que adquiere mayor peso si tenemos en cuenta que ha subido doce puntos desde la anterior medición. Otros temas quedan a gran distancia, con los relacionados con el mercado laboral en segundo lugar (40%), por delante de la sanidad (22%) y de los problemas económicos (17%). Más atrás están la delincuencia y la «inseguridad ciudadana», y la inmigración «y los problemas relacionados con ella», mencionados por el 16% y el 13%, respectivamente.

Estas dos cuestiones han quedado relegadas entre las preocupaciones de la ciudadanía –cinco puntos menos en el primer caso, dos en el segundo, respecto a la medición de mayo– y lo han hecho a pesar del empeño de determinados partidos y cabeceras periodísticas en darles protagonismo. Hace tiempo que la seguridad y la migración ocupan en el debate político y en la opinión publicada un lugar que no se corresponde con el sentir de la ciudadanía, más ponderada y racional que muchas declaraciones de trazo grueso. Esto no quiere decir que no importen, pero el enfoque mayoritario difiere del que buscan asentar ciertos agentes con espurios intereses. 

No hay agenda que pueda competir con las vivencias y el día a día de una ciudadanía que observa la incapacidad de capas cada vez más amplias de la población para acceder a una vivienda digna. Este es hoy el problema con mayúscula, y es ese consenso creciente el que da contexto a la convocatoria de huelga general del día 11. También el que hace difícil entender posiciones como la que ayer adoptaron PNV y PSE. Secundados por PP y Vox, votaron en contra de la proposición de EH Bildu de declarar el conjunto de la CAV zona tensionada de vivienda. Además de argüir razones legales, insistieron en seguir como hasta ahora, municipio a municipio, haciendo caso omiso al carácter generalizado de la emergencia habitacional, que ha dejado de relieve el estudio del propio Ejecutivo. Al parecer, con nulo eco entre los partidos que lo conforman.