Ayer, un mes después de que el Gobierno de Madrid aprobase el anteproyecto de ley que prácticamente hará desaparecer el derecho al aborto, la Asamblea Nacional francesa debatía sobre dos enmiendas a la Ley del Aborto en sentido diametralmente opuesto al proyecto español. Con ellas se pretende que el derecho al aborto no esté sometido a supuestos para poder ser ejercido y, además, ampliar la penalización de quienes pongan obstáculos para ese ejercicio. El debate  llegaba precedido por la manifestación contra el aborto que se celebra anualmente en París y en la que la actitud del Gobierno español al respecto tuvo especial protagonismo al ser aclamada por los asistentes.

Los gritos de «viva España» que se escucharon en la manifestación de París serán motivo de orgullo para el Gobierno de Madrid, que observa cómo España es referencia en cuanto a legislación del aborto. Pero esos gritos son también significativos de la naturaleza de esa innegable pero lamentable referencialidad de España, toda vez que lo es para los sectores más retrógrados, en este caso del Estado francés. Porque España no es referencia ni modelo, sino todo lo contrario, de desarrollo, de políticas sociales avanzadas y garantes de derechos básicos, de libertades políticas o de valores progresistas y solidarios. Sí es referencia, en cambio, por los representantes reaccionarios de su Iglesia, uno de los cuales, el recientemente designado cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Iruñea, asegura que la homosexualidad es «una deficiencia» comparable a su hipertensión, y que, por tanto, precisa tratamiento.

España es referencia para los sectores más reaccionarios en asuntos como su prevista ley de aborto, que en nombre de la vida pondrá en peligro la de muchas mujeres, y a todas les negará su derecho a decidir sobre sí mismas, mientras en otros lugares tratan de mejorar sus leyes para evitarles todo el sufrimiento posible y ampliar el respeto a sus derechos y su libertad.