Lo excepcional en estas décadas de conflicto no es que los abogados o los militantes de la izquierda abertzale hayan aceptado acuerdos jurídicos por los que los encausados no fueran a la cárcel –no hay un solo caso en el que un militante vasco haya ido a prisión por «principios», puesto que, de igual modo que «el principal deber del militante preso es escapar», el principal deber del militante es no caer preso–. Por eso no conviene dar por veraz la propaganda sobre el acuerdo alcanzado en la Audiencia Nacional, porque choca con la vivencia de decenas de familias vascas y con la práctica real de la tradición política que se juzgaba allí. La misión de esa propaganda es sostener un relato falaz, justificar sus decisiones y generar contradicciones. Jugando con las personas, sí, pero tristemente en eso tampoco hay nada fuera de lo común.

Si por algo se han caracterizado los abogados que han defendido a encausados por razones políticas es por su titánica y desigual lucha profesional contra la excepcionalidad jurídica; contra la doble legalidad por la que «ser vasco» y defender determinadas causas supone tipos penales especiales, cumplimientos inéditos y castigos añadidos. Para las presas y presos, sus familias y su pueblo. Individual y colectivamente.

En eso consiste la excepcionalidad jurídica española en el contexto del conflicto vasco: un cuerpo legal amorfo y arbitrario, una maquinaria destinada a aplicar un «Derecho del enemigo» que rompe con los principios básicos del Derecho, empezando por el de igualdad ante la ley, la idea de a igual delito igual castigo y, precisamente, el derecho a la defensa. Una sed de venganza prevaricadora que contrasta con la impunidad de la que han gozado los crímenes de Estado, la tortura… La historia de la abogacía vasca en Madrid es una frustrante seguida de «ganar juicios y perder sentencias».

Con excepciones, sin duda. No son pocos los casos en los que los abogados vascos han hecho imposible una sentencia condenatoria o han mitigado una pena impuesta de antemano. En los que han logrado la liberación de sus defendidos. Aquí y en Europa, ahora y antes. La tenacidad y la calidad profesional de abogados como Iñigo Iruin es reconocida incluso por sus adversarios.

Por todo ello, lo que en esa trayectoria resulta excepcional no es la postura de abogados y encausados sobre el acuerdo del sumario 04/08, sino la propuesta de ese trato tal y como ha sucedido estos días: promovida por la Fiscalía y asumida por las acusaciones. Un cambio de postura, este sí palpable y contrastado, que ojalá devenga en precedente, en doctrina. Sus causas son inescrutables hoy por hoy –aunque convenga no caer en hipótesis voluntaristas ni perderse en conspiraciones poco fértiles–, pero ese cambio debe ser valorado como positivo por quienes consideren que la excepcionalidad jurídica no es aceptable en un estado de derecho.

Evidentemente este hecho no se da en un marco de justicia transicional, que requiere de acuerdos políticos, de legislación adecuada y de una bilateralidad más simétrica. Pero en sí mismo tiene un valor excepcional.

«No News, Good News»
Tampoco resultan excepcionales, en el sentido de novedosos, los contenidos de la conferencia ofrecida el martes pasado por Rufi Etxeberria en Iruñea. Estos ya han sido formulados por la izquierda abertzale en su conjunto a raíz del cambio de estrategia, sujeta ahora a debate para su implementación, que no para su enmienda. Pero los mismos que desdeñaron los comunicados de EPPK o ETA que recogían esas ideas hace años, las reciben ahora como radicalmente noticiosas. En cierto sentido es más extraordinaria esa reacción que la declaración.

Sí es cierto que el contexto importa y que ese texto acierta en el articulado, en su solemnidad, en el momento y en la autoridad con la que se recuerda lo ya dicho.

Por contraste, resulta patético el intento de ciertos políticos de presentar estos hechos como una reafirmación de sus tesis, una validación de su práctica histórica, una victoria política basada en una supuesta rendición ajena. Qué poco nivel político, qué pobreza moral, qué incapacidad intelectual y qué irresponsabilidad institucional. En vez de acompañar estas estupendas noticias con un mínimo espíritu proactivo, los representantes de Lakua Jonan Fernández y Josu Erkoreka, e Idoia Mendia del PSE han jugado al ventajismo. Otro signo de la preocupante mediocridad de la clase política. No solo no son capaces de generar y ayudar soluciones, sino que pretenden rebajar el nivel de las iniciativas excepcionales que hacen su propio camino.

En esa otra acepción, el término excepcional significa extraordinario. Es hora de hacer de algunas excepcionalidades historia y de otras norma. En este momento histórico, tan extraordinario, hace falta una buena mezcla de realismo político, espíritu crítico, voluntad de cambio, liderazgo, equilibrio emocional e ilusión. Algo excepcional, pero en absoluto extraño en nuestro pueblo.