La andanada contra el Gobierno del cambio lanzada por familiares de 42 víctimas de ETA en Nafarroa reabre debates manidos pero al parecer aún necesarios, como a qué tienen derecho y a qué no las víctimas, o incluso quién tiene esta condición. Porque tan víctimas son estas como las que el pasado 4 de noviembre, desde ambos bandos y de modo conjunto, protagonizaron una sesión muy emotiva y tremendamente constructiva para la convivencia del Foro Social en el Parlamento navarro. Resulta muy probable también que en los entornos de esas 42 víctimas haya posiciones diferentes, de las que se hace tabla rasa en el escrito, firmado no a nivel individual sino en condición de «familia de». El afán de los promotores de este manifiesto por presentarse como únicas víctimas queda claro cuando rechazan de modo explícito expresiones como «todo tipo de víctimas» o «de uno y otro lado». El negacionismo no es punto de partida para nada.

En cuanto a los derechos de las víctimas, el texto concluye acertadamente al concretarlos en «memoria, verdad, justicia y reparación», al que si acaso cabe añadir el de «no repetición». En ninguno de ellos encaja el que paradójicamente es hilo conductor de su mensaje, que consiste en descalificar al Gobierno Barkos por el respaldo de EH Bildu, del que se llega a decir falazmente que «se relaciona con el terrorismo». Se equivocan de plano estas víctimas. Solo a la ciudadanía, con su voto, le compete elegir quién le gobierna. El derecho de veto tampoco es una opción.

Pasaron los tiempos en que un ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, sentenció que «las víctimas siempre tienen razón», tratando así de dar coartada a sus políticas. Los derechos de quienes más han sufrido no son absolutos, ni políticos. Los gobiernos también tienen sus derechos e incluso sus deberes; este de Nafarroa, en concreto, seguir construyendo un futuro de paz total y convivencia. Un camino que, como reconocía ayer su portavoz, es largo y sinuoso, y merece apoyo y acompañamiento.