El Ejército de Israel atacó ayer una furgoneta de la cadena de televisión palestina Al Quds matando a cinco periodistas. Con estos son ya, al menos, 145 los reporteros y trabajadores de medios de comunicación que han muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según el recuento realizado por Reporteros sin Fronteras. Una cifra escalofriante que muestra que estas muertes no son fortuitas ni circunstanciales, sino que obedecen a un plan y responden a una decisión política de eliminar testigos.

Las autoridades de la Franja de Gaza, sin embargo, contabilizan 201 informadores muertos, ya que en su listado incluyen también influencer e intelectuales palestinos que tenían una importante presencia en las redes sociales. Un criterio en cierta medida lógico, puesto que el Gobierno de Israel trata de eliminar a cualquier persona que dé cuenta de las atrocidades que está cometiendo su Ejército contra la población palestina.

De hecho, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, presentó un informe en el que recogía que de los 104 periodistas muertos este año, 55 murieron en Palestina, seis en Líbano y uno en Siria, lo que hace que el 60% del total haya caído en las guerras en las que está involucrado el Ejército de Israel. Un dato que viene a corroborar el carácter sistemático de los ataques a los informadores. Por ello, resulta sorprendente que la mayoría de los medios de comunicación occidentales sigan repitiendo, sin poner en duda, las justificaciones que dan las autoridades israelíes a estos ataques que, básicamente, se reducen a acusar a los periodistas de ser militantes de Hamas o de la Yihad -como en el caso de ayer-, sin presentar ninguna prueba de las incriminaciones.

Permitir a los periodistas informar sobre el terreno es fundamental para que la opinión pública pueda tener acceso a información veraz y contrastada sobre lo que está ocurriendo en la Franja Gaza. Y para denunciar las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario del Ejército israelí. Sin esa labor, el Estado responsable del genocidio y los crímenes de la ocupación se siente aún más impune.