Cuando en la noche del miércoles se conoció que Gerry Adams se encontraba en una comisaría del PSNI todo parecía indicar que el líder republicano sería sometido a un breve trámite testifical, acorde a la disposición que siempre ha mostrado para declarar sobre la desaparición y muerte de Jean McConville en 1972. Resultaba inquietante, sin embargo, que los medios británicos hablaran desde el primer momento de «detención», una situación que fue confirmada al día siguiente y que se ha visto agravada con las horas, hasta constatar que asistimos a una maniobra política por parte de sectores de la Policía norirlandesa, probablemente con la connivencia de los securócratas más cerriles de la Administración británica.

El presidente de Sinn Féin siempre ha negado su implicación en los hechos investigados, pero a pesar de ello ha sido arrestado bajo la legislación «antiterrorista», apenas unas semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo y de los comicios locales en el sur. El partido republicano, el único con una implantación significativa en los 32 condados que conforman Irlanda, concurre con unas expectativas halagüeñas, pues los sondeos le dan hasta tres europarlamentarios y la posibilidad de doblar su representación en las instituciones municipales. No es difícil, por tanto, entrever una intencionalidad mezquina en esta operación.

Así lo ha denunciado la formación hegemónica del movimiento republicano, que sin embargo ha medido mucho su reacción, ciñéndola sobre todo al escenario preelectoral. Pero las implicaciones de esta detención son aun más graves, pues Adams, además de máximo representante de Sinn Féin, es una pieza clave del proceso de paz norirlandés, el cual sin su implicación personal sin duda habría sido mucho más tortuoso. Su arresto debe entenderse también como un ataque al proceso, y no sería el primero en las últimas fechas, una peligrosa dinámica ante la que la comunidad republicana deberá oponer su proverbial paciencia y determinación.