El viernes termina el plazo que se dieron las tres diputaciones y el Gobierno de la CAV para acordar una nueva Ley de Aportaciones que, por falta de acuerdo, lleva prorrogada desde el año 2011. A grandes rasgos, dicha ley establece la forma en la que se distribuye la recaudación entre las tres haciendas forales y el Gobierno de Gasteiz. Al tratarse de un sistema de suma cero, siempre habrá algún actor que considere que el sistema le perjudica y, en la misma medida,  beneficia a otro. Este hecho dificulta enormemente cualquier acuerdo. Cálculos cada vez más complejos y parches como el Fondo General de Ajuste han intentado paliar lo irreparable: no se puede contentar a todos a la vez. La única «virtud» de este engranaje estriba en que constituye el mecanismo perfecto para azuzar conflictos artificiales entre herrialdes y mantener viva una división que hurta el debate de cuestiones importantes, además de entorpecer la simplificación administrativa. La actual arquitectura institucional resulta cada vez más anacrónica, convirtiéndose en un autentico freno para la construcción de una administración más sencilla, barata y moderna.

La división entre perdedores y ganadores que acompaña cada cambio aconseja que las negociaciones se lleven a cabo en el más absoluto silencio, tal y como ha ocurrido durante este último año. Alejarlas de cualquier debate público evita la presión que podría condicionar la posición de unos y otros. En este contexto, solamente cuando todas las instituciones están gobernadas por el mismo partido puede haber posibilidades de llegar a un acuerdo, toda vez que llegado el caso, como el actual, será el EBB el que decida qué intereses particulares se sacrifican para lograr un nuevo compromiso.

La Ley de Aportaciones es una muestra paradigmática de un entramado institucional que básicamente sirve para evitar cualquier discusión pública sobre el futuro de este país en la que el statu quo se pueda poner en entredicho.