No debe ser reabierta sino desmantelada

El presidente de Endesa, Borja Prado, aprovechó ayer su intervención posterior a la Junta General de accionistas de la multinacional energética para anunciar que solicitará la reapertura de la central nuclear de Garoña, cuya titularidad posee al cincuenta por ciento con Iberdrola a través de Nuclenor. Sobre este mismo tema, el consejero delegado de la compañía adujo que las razones económicas que motivaron el cierre de la planta hace año y medio ya no existen, y defendió que aun cuando el plazo para solicitar la reapertura concluye el 6 de julio, en caso de que ese trámite haya sido cumplimentado el Consejo de Seguridad Nuclear puede tomarse el tiempo que quiera para pronunciarse.


Como si de una pesadilla se tratara, el anuncio vuelve a poner de actualidad la situación de las instalaciones burgalesas, cuya cercanía respecto a Euskal Herria ha motivado un sinfín de movilizaciones en exigencia de su cierre. En este sentido, el Gobierno español, tanto ahora con el PP como antes con el PSOE, ha maniobrado todo lo que ha podido para atender las demandas del lobby energético, incluyendo modificaciones legales al objeto de que los propietarios de la central puedan eludir sus responsabilidades fiscales. Pero también es cierto que incluso con esa ayuda Nuclenor no va a tener fácil reabrir unas instalaciones que eran obsoletas cuando se decretó su parada. Más allá de la cuestión tributaria, ya solventada, las inversiones que serían necesarias para volver a ponerlas en funcionamien- to suponen un elemento disuasivo de primer orden.


Con todo, aunque el tema de Garoña ha sido utilizado por las eléctricas cada vez que han mantenido alguna polémica con el Ejecutivo, por ejemplo en torno al déficit tarifario, la situación de standby en que se encuentra permite que los responsables de Nuclenor puedan seguir amenazando con su reapertura y obliga a que tales amenazas sean tomadas en serio. Por ese motivo, ahora que el candado está prácticamente echado, es importante que la sociedad y las instituciones vascas vuelvan a poner de manifiesto que el único futuro admisible para la central es su desmantelamiento.

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