Anteayer se conoció que la Diputación de Bizkaia había hecho una oferta para tratar los residuos de Gipuzkoa aprovechando las infraestructuras que ya posee y, en particular, la incineradora de Zabalgarbi. Hace algo más de un año, GARA señaló que en el debate sobre el proyecto de la incineradora de Zubieta no se había considerado públicamente, excepto por contadas voces, la posibilidad de usar la planta de Zabalgarbi para tratar total o parcialmente los residuos de Gipuzkoa. Teniendo en cuenta las políticas que se están implementando desde Europa para cerrar ciclos de materiales y caminar hacia una economía circular, era en todo punto lógico haber abordado la cuestión desde esa perspectiva. Sin embargo, no se hizo.

Resulta llamativo que después de que los residuos de Gipuzkoa hayan recorrido miles de kilómetros para ir a parar a todos los territorios limítrofes posibles, excepto Bizkaia, ahora –con las obras de la nueva incineradora en marcha– se abra la posibilidad de que sean tratados con las infraestructuras existentes en ese territorio. A pesar de todo, la cuestión pertinente sigue siendo por qué no se ha querido plantear hasta ahora esa opción. Tal vez se evitó para no cuestionar todavía más un proyecto, ya de por sí endeble, y no dar un argumento a las muchas personas e instituciones que se oponían a la incineradora. Si esa es la razón, las administraciones involucradas muestran un preocupante parroquianismo; si no, manifiestan una alarmante falta de capacidad para solucionar problemas conjuntos desde una perspectiva de país. Da la impresión de que seguimos con la política de multiplicar infraestructuras para que cada uno tenga la suya, sin preocuparnos demasiado por el coste de semejante despilfarro para el país.

Ya es hora de sustituir esa estúpida competencia entre territorios por una cooperación que mire por el interés general. Este país necesita terminar con ese estrecho provincianismo y diseñar políticas públicas con visión estratégica. Aún hay tiempo para evitar un despropósito más.