No ha pasado ni una semana desde que se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (el pasado 17 de octubre) y aunque habitualmente las denuncias y declaraciones tienden a concentrarse en torno a estos días señalados, la cruda realidad no permite en esta ocasión limitarse a cuestiones de agenda. Ayer mismo, Gaindegia presentaba datos sobre pobreza y exclusión social en Euskal Herria mostrándonos una realidad ante la que mirar hacia otro lado no solo es una frivolidad, sino también una grave irresponsabilidad.

La pobreza y la exclusión social afectan al 16,7% de la población de Euskal Herria, siendo más grave en la población menor de 18 años, donde la tasa roza el 20%. Además, el 4% de la población total sufre carencia material grave, lo que se traduce en imposibilidad de cubrir las necesidades más básicas. Se trata de familias que no pueden asumir el pago de un alquiler, que no pueden abonar sus facturas o no pueden mantener su hogar caliente en invierno. Situaciones en las que influyen multitud de factores, desde el desempleo hasta los recortes sociales. Ni siquiera tener un puesto de trabajo es garantía para poder mantener un nivel de vida digno, tal y como apuntaban los diferentes informes publicados en las últimas semanas.

Otra de las caras de este drama es el papel de los organismos asistenciales, que han visto multiplicada su labor al tener que cumplir la función que las instituciones no desempeñan. Sería conveniente que los representantes políticos no olvidaran sus discursos de estos últimos días, pasando de poses puntuales a hechos concretos. Eludir la responsabilidad en la situación que miles de personas padecen por la falta de políticas sociales y de empleo efectivas –el último en hacerlo fue el presidente de Adegi– y pretender que la asistencia sea la solución, muestra el futuro que puede esperarse con una clase gobernante pobre en valores que sitúa el bienestar de su país en un día marcado en rojo en el calendario.