El candidato del PNV a gobernar la Diputación de Gipuzkoa va desgranando su programa conforme se acercan las próximas elecciones de mayo. La línea parece ser la de retroceder en los pasos dados por el actual gobierno. A la rotunda afirmación de que construirá la incineradora de Zubieta si es elegido, le ha seguido la de que eliminará el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas impulsado por Bildu. Un tributo ante el que su partido se ha manifestado contrario desde un principio a pesar de que sus buenos resultados han quedado demostrados. Solo en su primer año de aplicación, la recaudación creció un 47,6% respecto al anterior Impuesto de Patrimonio.

Los argumentos para eliminar la imposición a las grandes fortunas del territorio guipuzcoano son antiguos y conocidos: la fuga de contribuyentes, la penalización de empresarios y personas poseedoras de patrimonio… Cataclismos que también ha quedado demostrado que no son más que subterfugios para obstaculizar la consecución de un objetivo no solo legítimo sino también necesario. Un sistema tributario justo que se adecúe a la capacidad de cada contribuyente, cuya recaudación revierta en el gasto social y cierre cualquier vía de elusión o fraude. Cuestiones de primer orden en un momento en el que miles de ciudadanos padecen las consecuencias de una cruenta crisis mientras ven con hastío cómo algunas grandes fortunas evaden millones a paraísos fiscales.

Resulta llamativo que la misma semana en que hemos conocido los nombres y apellidos de evasores fiscales a través de la «lista Falciani», donde también figuraban algunos de origen vasco, el candidato del PNV defienda la eliminación de una herramienta que lucha precisamente contra ese fraude. Se trata de si se está por un modelo que priorice la justicia social o por uno que haga la vista gorda ante el fraude. Es cuestión de prioridades y de los principios que se quieren promover. Y con decisiones así no vamos por buen camino.