El hasta ayer secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, presentó su dimisión después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo vinculara con el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. Al entregar el acta de diputado pierde el aforo y gana la libertad para defenderse de unas acusaciones graves de las que se declara inocente. Es un gesto apropiado, sobre todo conociendo los usos y costumbres de la política española.

Antes de dictar sentencias inducidas mediante filtraciones, hay que subrayar que se trata de un informe de la UCO, un organismo policial con un gran poder, un sesgo retrógrado y una agenda autoritaria. Sorprende que Pedro Sánchez lo eleve a categoría de sentencia y opte por hacerse la víctima. En Euskal Herria es harto conocido que lo que se presenta como Policía judicial no es sino una Policía política al servicio de un Estado profundo que tiene declarada la guerra a la mayoría de investidura. En un contexto en el que un fiscal general va a ser juzgado por una filtración sin pruebas de peso, la filtración con cuentagotas del informe sobre Cerdán, del que se llevaba semanas hablando, sitúa las cosas en su lugar. La coreografía entera, con la publicación del informe dos días después del final de la instrucción del caso de Álvaro García Ortiz y cuatro después de la concentración del PP en Madrid, también ayuda a enmarcar todo en la ofensiva contra la mayoría que gobierna en el Estado español.

Esto no resta para que el caso deba ser investigado hasta sus últimas consecuencias. La situación para el Gobierno de Sánchez es extremadamente delicada. La financiación de los partidos políticos sistémicos mediante comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública ha sido una constante, por lo que todo indicio debe ser aclarado. Pero sin olvidar que el contexto lo pone una derecha ultramontana que, siguiendo la directriz de José María Aznar –«el que pueda hacer, que haga»–, no persigue sino derrocar por tierra, mar y aire al Gobierno de Sánchez. Judicialmente, todo debe ser aclarado. Políticamente, no se puede ceder al golpismo de la derecha.