El debate sobre la necesidad o no de una incineradora y las afecciones que generaría es ya tan largo en el tiempo como superficial en el contenido en Gipuzkoa. La pugna política se ha impuesto de modo evidente sobre la discusión técnica que debería ser el único campo de juego, tanto en este como en otros muchos conflictos. Si alguien pensaba que con el tiempo se impondrían el sosiego y las razones, nada más lejos de la realidad (Y si creía que la ciudadanía guipuzcoana iba a tener voz y/o voto, como sí está ocurriendo en las consultas municipales sobre el Puerta a Puerta, también). La actual mayoría de PNV y PSE en la Diputación y el Consorcio de Residuos ha puesto en marcha una batalla final en la que se presenta dispuesta a pasar por encima de todo y de todos. En Zubieta hoy todavía no se queman residuos, pero si se incineran debates, se calcinan razones, se queman plazos, se amenaza con achicharrar las arcas públicas del herrialde para nueve legislaturas, una generación entera. Y ocurre precisamente cuando había más motivos que nunca para imponer un análisis en calma y profundidad: por el incremento (hasta ahora) de las tasas de reciclaje, por la existencia de alternativas como Zabalgarbi en la vecina Bizkaia, por la nueva situación de GHK adscrita al sector público, por las prioridades derivadas de la crisis, y sí, también por la posibilidad de que emerjan nuevas mayorías políticas con otros planteamientos sobre este tema.

Que en esta coyuntura se esté optando precisamente por lo contrario (decisiones sin explicación pública, cambios estatutarios y normativos, asambleas extraordinarias y urgentes, presupuestos exorbitados...) es un escándalo solo explicable desde la consideración de que esta es una batalla política a ganar como sea. Por tomar solo un dato, ¿cómo es posible que a día de hoy ni el diputado general, Markel Olano, ni el de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, hayan explicado por qué se contempla terminar pagando 1.100 millones por una obra de poco más de 200?