La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo independiente fiscalizador del mercado, ha recurrido ante el TSJPV la normativa urbanística de los ayuntamientos de Bilbo y Donostia por la regulación que hacen de los pisos turísticos. Responsables institucionales de ambos consistorios defendieron la ordenanza propia como correcta y anunciaron su disposición a defenderla.

Su actuación contra la regulación de las licencias VTC de Barcelona desencadenó la huelga de taxistas. Esta vez, la CNMC carga contra la normativa sobre pisos turísticos con el mismo argumento: esas ordenanzas tiene efectos restrictivos sobre la competencia porque impiden la entrada de nuevos operadores, perjudicando a consumidores y usuarios. Siguiendo con ese modo de razonar pronto considerarán que el SMI o los sindicatos restringen la competencia porque impiden que haya personas que trabajen por un salario más bajo, y en consecuencia, perjudican a consumidores y usuarios. Un argumento que puede valer para cualquier regulación de cualquier actividad, puesto que regular significa establecer normas a las que ajustarse. Por tanto, toda norma es restrictiva por definición. Se trata, además, de un juicio falso puesto que esconde la diferencias de poder realmente existentes en el mercado. Pero estas instancias impersonales anteponen con un rigor fanático digno de admiración la competencia a cualquier otro objetivo, olvidando que regular es también ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines que pueden ser, desde luego, discutibles, pero son los que en definitiva dotan de sentido a la política.

Asumido el libre mercado como mecanismo fundamental, el medio se ha convertido en el fin de todo. La actividad política se ha vuelto superflua y la económica ha pasado a ser fiscalizada por organismos que en teoría son profesionales e independientes. Ya va siendo hora de que recuperemos el debate político por encima del mercado.