La derecha más reaccionaria del Estado español lanzó antes del verano una campaña contra la ocupación ilegal de viviendas privadas. A pesar de que las evidencias no sostenían que hubiera un problema, el asunto fue convenientemente amplificado por los medios de comunicación conservadores. Desde entonces, la derecha no ha cejado en el intento de dar amplitud y centralidad a una cuestión que no la tenía, hasta el punto de que la entente PP-Ciudadanos presentó una proposición no de ley en defensa de la propiedad privada y contra la ocupación ilegal de viviendas en el Parlamento de Gasteiz. Esta vez la maniobra ha tenido una replica contundente tanto en las formas como en el fondo.

A pesar de las diferencias que mantienen en política de vivienda, los parlamentarios de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos lograron ponerse de acuerdo en una respuesta conjunta para cerrar el falso debate. De este modo, dejaron en evidencia la soledad de la derecha unionista y el poco recorrido que tienen este tipo de maniobras propagandísticas en la sociedad vasca. Además, el texto acordado situó en sus justos términos la cuestión de la vivienda, al plantear que el verdadero problema es la escasez de recursos económicos que impide a muchas personas el acceso a una morada digna. La resolución apuntó asimismo cuál es la vía para garantizar ese derecho a la vivienda, que recoge la ley vasca como derecho subjetivo y que en consecuencia deben garantizar las instituciones, al proponer que se refuercen las políticas públicas de vivienda, especialmente las dirigidas a fomentar el alquiler.

Una respuesta unitaria y contundente tiene la virtud de desenmascarar la falsedad de una campaña y cerrar un problema que no existe. Con estos asuntos, la derecha solo busca endurecer todavía más las leyes, desviar la atención de cuestiones mucho más importantes y graves, y asustar a la ciudadanía para imponer su agenda securócrata. De sobra se conocen sus maniobras en Euskal Herria.