La larga lucha de los afectados por el amianto vio ayer satisfecha una de sus reivindicaciones en el Parlamento de Gasteiz, que aprobó la reclamación de un fondo de compensación estatal para víctimas de esa sustancia hoy prohibida pero antes de uso habitual y con la que tantos trabajadores han tenido contacto. La reclamación estaba incluida en el informe de la ponencia recientemente aprobado a partir de una iniciativa de EH Bildu presentada en 2011. Sin duda, es un paso que podría facilitar las indemnizaciones a todas esas personas que se ven obligadas a recurrir a la larga y tortuosa vía judicial, asumiendo la carga que ello supone. Un paso hacia el reconocimiento de las consecuencias del amianto como enfermedad profesional por parte de la Seguridad Social, pero que no debería suponer desentenderse del asunto dejándolo en manos del Estado sino, al contrario, un compromiso del Ejecutivo de Lakua con esas personas.

La salud laboral sigue siendo una asignatura pendiente, una importante asignatura que para la patronal, y normalmente para las instituciones, no es sino una variable estadística que no tiene en cuenta en sus planificaciones, incluso, como ocurre en materia de siniestralidad laboral, ignorando una legislación que podría ser efectiva y en realidad resulta poco más que decorativa. Los dos trabajadores fallecidos ayer en Zumarraga y Areso son dos nuevas y dolorosas muestras de ello. Se puede aducir que erradicar totalmente los accidentes laborales es imposible, pero los números –en lo que va de año en Euskal Herria 25 de esos accidentes han tenido consecuencias fatales– demuestran que se está muy lejos del objetivo de avanzar hacia una siniestralidad mínima. De lograr evitar lo evitable. Las causas son conocidas, y la principal es la precariedad laboral, desde la contratación hasta las condiciones de trabajo, por eso no parece casual que uno de los trabajadores muertos ayer fuera subcontratado. Y no es suficiente pedir responsabilidades, es preciso que responda quien debe hacerlo.