Sentencias que instan a la política a legislar

El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa ha dado la razón al Gobierno Foral en el litigio sobre la exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad. La jueza considera que no es aplicable la sentencia del Tribunal Supremo –que consideró exentas estas prestaciones– por dos razones: en primer lugar, porque Nafarroa cuenta con autonomía para establecer sus normas tributarias y, además, porque la norma que regula el IRPF en el Estado y en Comunidad Foral no son homólogas.

La sentencia viene a avalar el régimen fiscal del Convenio y en consecuencia que Nafarroa puede tener normas tributarias que difieran de las del Estado, sin que por eso haya que considerar que se produce una discriminación. El fallo respalda la decisión del Gobierno de Barkos que se negó a aplicar la resolución del Supremo, algo que, por otra parte, sí hizo el PNV en las otras tres haciendas forales. Los jeltzales con la devolución automática de las retenciones por maternidad degradaron la tantas veces alabada autonomía fiscal que da el Concierto Económico, para convertirlo de hecho en un mero apéndice del sistema fiscal español, restándole cualquier presunción de soberanía.

Posiblemente la actual lehendakari de Nafarroa, Maria Chivite, hubiera preferido que la jueza le hubiera quitado la razón –aprobó la norma– para haber podido devolver las retenciones, pero no ha sido así. Todo lo contrario a lo que sucedió hace unos días con el fallo sobre la valoración del euskara como mérito, en la que los tribunales dieron a Chivite la razón –el PSN y UGT impulsaron el recurso–, pero ahora en el Gobierno quizás hubiera preferido no haberla tenido. En ambos casos, los jueces sitúan claramente la pelota en el ámbito legislativo. En la sentencia sobre el euskara señalaba claramente que no se puede cambiar por decreto lo que dice la ley; y en esta la jueza explica que no se puede trasladar un problema de política legislativa al ámbito judicial. La política ya no se puede esconder tras los jueces. Debe afrontar su papel legislador y buscar mayorías para que los cambios adquieran fuerza de ley.

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