En esta fase degenerada del capitalismo, la crisis de la siderurgia en Europa –desde la «Tatástrofe» británica hasta la amenaza de cierre definitivo de las plantas de Arcelor en Euskal Herria–, está mostrando las consecuencias perversas de los dogmas socioeconómicos aplicados durante décadas. Los mandatarios que durante este periodo han interpelado principalmente a la clase trabajadora para reivindicar la productividad y la competitividad como núcleos de la práctica empresarial –con sus derivadas de moderación salarial y flexibilidad, dentro de una agenda abiertamente antisindical–, se enfrentan ahora a planteamientos que solo se rigen por la maximización del beneficio. Ajenos a todo argumento que no sea el del dividendo, esos planteamientos provienen de sus interlocutores privilegiados, los grandes empresarios a los que ellos y ellas han legitimado, quienes más premios han recibido de sus manos. Por eso sus poses de indignación y solidaridad suenan vacías. También porque no parecen dispuestos a cambiar de políticas. Son incapaces de desarrollar políticas industriales que rompan con el modelo clientelar y generen dinámicas económicas endógenas al servicio de sus sociedades.

Partiendo de las reconversiones, las privatizaciones y las reformas legales ejecutadas en beneficio de las grandes empresas, siguiendo con la falta de una política industrial integral, estratégica y sostenida en el tiempo, y terminando con la pérdida de soberanía e influencia sobre la economía que los gobiernos han asumido durante este largo periodo, los mandatarios aparecen inanes en esta crisis, entre sumisos y teatralmente indignados ante el chantaje de las multinacionales, ridículos.

El clientelismo bajo chantaje no es la solución
Porque ridículo resulta que instituciones como el Gobierno de Lakua, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zumarraga planteen «a Arcelor que presente un plan industrial para la zona del Urola». Les corresponde principalmente a ellos hacerlo. Y la propuesta que ha desvelado la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad de Lakua, Arantxa Tapia, contiene muchos de los errores de esa política industrial errática y clientelar. No le corresponde al Gobierno plantear las características de la producción en Zumarraga u otras plantas (si debe producir «rollos de 3 tm» u otro tipo de piezas), sino las medidas políticas y económicas que va a tomar, las inversiones que va a hacer en la comarca y el sector, las alternativas que va a plantear partiendo de su capacidad de presión e interlocución, en el marco de una verdadera política industrial.

Las políticas públicas deben estar enfocadas a sectores, no a empresas particulares. Por supuesto, tienen que tener como principio rector la creación de empleo de calidad, de riqueza para las comarcas y los pueblos. Las ayudas no pueden estar destinadas a gasto corriente, mucho menos a beneficios o pérdidas; son estructurales. Deben apostar por las sinergias, por la educación, por la logística, por un desarrollo sostenible en todos los ámbitos de la empresa y sus entornos, desde lo ambiental hasta lo tributario. Hay que ejercer un control público de las inversiones, con compromisos negociados y tasados. Deben ser políticas proactivas, no reactivas. Es decir, no pueden activarse solo ante crisis como la que viven ahora Sestao y Zumarraga, tienen que ser capaces de adelantarse a ellas. Eso sí, deben contemplar medidas excepcionales, como las que necesitan estas plantas y sus trabajadores en este momento.

Soberanía, voluntad y capacidades
En el caso británico, la inocua solemnidad de David Cameron, que se niega a valorar seriamente la opción de nacionalizar las acerías en riesgo de ser cerradas, contrasta con la determinación del Ejecutivo de Nicola Sturgeon en Escocia, que ha facilitado una alternativa al cierre de otras dos plantas de Tata Steel.

Evidentemente, la falta de soberanía es crucial en este terreno. Pero también lo son la falta de voluntad, la dependencia de intereses creados, las inercias y los dogmas. La capacidad de lucha y solidaridad demostrada en mil y una peleas por la sociedad vasca, el talento y los principios mostrados en casos únicos en el mundo como las cooperativas (con el caso de Fagor en la retina), no pueden ser inhibidas por el conservadurismo y la falta de ambición estratégica. En esta crisis, en el contexto europeo y global, Euskal Herria necesita una política industrial a la altura de sus retos, no solo de sus traumas.