Un grupo compuesto por ocho juristas, profesionales de los medios de comunicación y activistas de los derechos humanos conforman la Comisión para el Impulso del Proceso de Paz, cuya labor será implementar las recomendaciones realizadas por el Foro Social con instituciones, partidos y agentes implicados en el camino hacia la resolución del conflicto. Se trata de personas con una trayectoria profesional y personal reconocida en sus respectivos ámbitos de trabajo.

El principal cometido de esta comisión será el de ampliar los cauces de diálogo en torno a las doce propuestas expuestas en el foro organizado por Lokarri y Bake Bidea en mayo, que contó con la participación de centenares de personas y la colaboración de expertos llegados de diferentes puntos del planeta. A este respecto, habrá quien se pregunte si no es un ejercicio baldío profundizar en esa tarea cuando los gobiernos español y francés mantienen una actitud impermeable a cualquier recomendación tendente a desbrozar el camino, y cuando son esos estados quienes tienen en su mano la posibilidad de desatascar una situación que permanece bloqueada. La mejor respuesta a esa cuestión es precisamente el perfil de las ocho integrantes del grupo, muy plural y diverso y cuya implicación es el mejor síntoma de lo acertado de la apuesta. En tiempos en los que no es fácil aglutinar a personas de diferentes ideas, procedencias e identidades, la propia constitución de la comisión y el compromiso adquirido por sus miembros es una prueba de que se está avanzando.

En los dos últimos años los posicionamientos en favor de una solución democrática al conflicto, bien en torno a los puntos de la Declaración de Aiete, bien sobre las recomendaciones del Foro Social, se han multiplicado en todo el mundo, y esa suma de voluntades tiene un gran valor político, pues representa un deseo colectivo cada vez más compartido y frente al cual el veto estatal se irá tornando más difícil de sostener.