El Tribunal Supremo finalmente sí se desdijo y retiró a los bancos la obligación de pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) cuando se constituye una hipoteca, obligación que vuelve a recaer en los bolsillos de las personas que piden el préstamo. La rectificación ha desatado una ola de indignación y protestas, como hace 20 días la sentencia contraria provocó el nerviosismo en la Bolsa. Todavía se desconocen los argumentos; sin embargo, el proceso seguido hasta ahora ha dejado algunas cosas claras.

Estos vaivenes indican que la Justicia española y especialmente los altos tribunales son absolutamente permeables a las presiones de los bancos. Les preocupa la «enorme repercusión económica y social» de un fallo cuando este afecta a unos bancos –pocos y poderosos–, pero no les alarma en absoluto cuando resultan perjudicadas personas corrientes, sin poder. Velan por los intereses de los ricos al tiempo que menosprecian los de los pobres. La rápida reacción del Ejecutivo con una propuesta para cambiar la ley indica que el atropello legal era ampliamente conocido, lo que lleva a preguntarse a qué esperaba el Gobierno para ponerle remedio. Tal vez, a que estallara el escándalo. Más preguntas surgen en los territorios forales donde solamente la ley foral navarra es diferente en este punto; en el resto se rehusó a hacer uso de la capacidad normativa del Concierto para copiar literalmente tanto la ley como el reglamento estatales. Ya se sabe que, cuando están en juego los intereses de la banca, mejor no hacer experimentos. Y las haciendas forales continúan sin reaccionar. Rápido decidieron con la prestación de maternidad –era dinero de la caja común–, pero que los bancos paguen es otra cosa.

Ahora toda la crítica se centra en la maniobra del Supremo, pero no conviene perder de vista que este fraude ha sido cometido por los bancos que han tenido en el poder ejecutivo un cooperador necesario y en el poder judicial, el imprescindible encubridor. También en Euskal Herria.