La detención en Suiza de Nekane Txapartegi ha sido someramente anunciada, pero esta vez no explicada con el habitual alarde propagandístico, por el Ministerio del Interior español. Seguramente tenga que ver con la revelación ayer de que las autoridades suizas han obligado a Madrid a cursar oficialmente la petición de extradición antes de proceder al arresto de esta ciudadana vasca a la que habrían detectado hace un año en el país helvético. Habrá que esperar a saber si pesa sobre ella alguna acusación concreta añadida a la condena por el 18/98 o si se trata de un caso similar al reciente de Egoitz Urrutikoetxea –presentado también mediáticamente como «terrorista más buscado» cuando hacía vida pública–. Pero tanto en una como en otra hipótesis, nada aporta la detención para acercar una resolución definitiva al conflicto a la que ETA se declara plenamente dispuesta, si se leen sus comunicados y sobre todo se observan sus pasos.

No menos reveladores de la cerrazón española han sido los dos juicios desarrollados esta semana en la Audiencia Nacional. En la mejor tradición de la «construcción de imputaciones» a la que alentara un ministro de Justicia hace una década, el navarro Jorge Olaiz se enfrenta a una nueva condena de quince años de cárcel por la acusación de un testigo sobrevenido y protegido, que declaró con la cara oculta y que bien podría ser, por ejemplo, un agente policial. Y el vizcaíno Tomás Madina afronta una petición fiscal de 40 años por un supuesto plan de atentado contra el entonces lehendakari Patxi López, que ETA negó tajantemente años antes de que se produjera su arresto.

Los tres casos encadenados permiten al Estado seguir recreando la doble ficción de que hay una guerra que sigue y que él está ganando. Pero todo el mundo sabe que el único horizonte, el sentido de la Historia, pasa por el cierre definitivo del conflicto. Txapartegi, Madina y Olaiz son hoy víctimas directas de esta estrategia, pero es a la sociedad vasca en su conjunto a quien se bloquea ese futuro mejor.