La absolución de las 40 personas juzgadas desde el pasado mes de octubre en Madrid por su militancia en la juventud independentista vasca es una magnífica noticia que ni siquiera logra ensombrecer la indignación que causa echar la vista atrás y recordar el sufrimiento que han padecido estos jóvenes y sus allegados en los últimos cinco años, un calvario que en algunos casos incluye el haber conocido de primera mano la barbarie de la tortura. Nadie pedirá perdón jamás por ello, pero seguro que esa injusticia no ha dejado suficiente poso para que ayer no fuera una jornada de alegría inmensa en sus hogares.

También debe ser motivo de satisfacción para quienes en Euskal Herria trabajan para que se restablezcan los derechos y libertades que sistemáticamente han sido vulnerados en las últimas décadas al calor de la razón de estado. Porque más allá de la absolución, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional constituye un varapalo para la tesis de la Fiscalía y del juez Fernando Grande-Marlaska, instructor del sumario y que como tal ordenó la operación policial, pues destaca que los encausados desarrollaban únicamente «actos de contenido político», algo de sobra conocido en la sociedad vasca y que los propios jóvenes explicaron al tribunal, pero que en otras ocasiones no ha evitado duras condenas de cárcel. Sería un gran avance desde el punto de vista exclusivamente democrático que este argumento sentara precedente.

Es asimismo digno de mención que los jueces no hayan tomado en cuenta las declaraciones efectuadas durante la incomunicación, un régimen que es abiertamente cuestionado por generar «una situación de especial riesgo para los derechos humanos». El hecho de que magistrados del tribunal especial apelen a la Convención contra la Tortura y duden de que los detenidos declararan «en ejercicio de su libertad» es significativo, pues ese ha sido el sistema por el que muchos han engrosado las prisiones españolas. Está por ver si este fallo es un espejismo o fija un punto de inflexión, si judicatura española ha optado por pasar de la razón de estado a aplicar, simplemente, el sentido común.