La modificación de la Ley del Vascuence aprobada ayer por el Parlamento de Nafarroa supone un paso positivo. O, para ser precisos, podría suponerlo en el caso de materializarse, para lo cual es imprescindible un cambio de relación de fuerzas que garantice el fin del régimen liderado por UPN. La continuidad de este, dada la indefinición de esa reforma, podría hacerla inútil a la vista del concepto de «demanda suficiente» que tiene el actual Gobierno. Tras 30 años de vigencia de una ley discriminatoria y en vísperas de elecciones, no es muy creíble que el PSN, que ha sostenido ese régimen e incluso ha participado de él, haya propuesto el cambio de la Ley por estar convencido de la vulneración de derechos de muchos escolares navarros, sino más bien por la necesidad de mostrar una imagen acorde al sentir mayoritario de la sociedad navarra y de desmarcarse del Gobierno del que comenzó formando parte y al que después ha permitido su continuidad.

Es una reforma insuficiente pero beneficiosa siempre que tenga ocasión de aplicarse, porque conlleva unas mejores condiciones para muchos niños y niñas y jóvenes navarros que cursan o quieren cursar sus estudios en euskara. Solo por eso sería un cambio apreciable, y su alcance podría ser mayor si se considerase como un paso hacia el fin de la discriminación, de la división en ciudadanos de primera y de segunda. No se puede obviar que esa reforma no supone terminar con una ley que divide a Nafarroa en tres zonas en las que se respetan o no los derechos lingüísticos de los ciudadanos en función de su lugar de residencia. Y no es suficiente ese «respeto» al euskara que todos dicen profesar, sino que también es necesaria su promoción como lengua propia del herrialde.

Bienvenida sea esta modificación si, además, es señal del final de una nefasta era y anuncio de la llegada de unos gobernantes capaces de adecuarse a las necesidades y demandas de su sociedad. Una posibilidad que la ciudadanía navarra tiene en sus manos hacer realidad.