Ha comenzado un nuevo juicio político en la Audiencia Nacional española. En esta ocasión se sientan en el banquillo cinco personas por su militancia en Askapena, organización internacionalista cuya razón de ser es fomentar y encauzar la solidaridad entre Euskal Herria y otros pueblos del mundo. Estas cinco personas fueron detenidas en una operación policial en 2010 y ya entonces los responsables políticos del operativo obviaron en sus explicaciones los elementos que justificaban los arrestos para centrarse en subrayar que la política anti ETA seguía siendo la misma de siempre y que el Gobierno no ha cambiado ni una coma en dicha estrategia. De esta forma afirmaban de manera clara y manifiesta el impulso político que guiaba la operación policial.

Los juicios políticos no tienen razón de ser en un Estado de Derecho. La ley y la judicatura no puede utilizarse para perseguir a la disidencia ni para atacar a un sector político concreto con el que los acusados se identifican ideológicamente. En este sentido, juicios de esta naturaleza no tienen cabida en ningún contexto político, pero menos todavía en el actual, en el que la gran mayoría de la sociedad vasca ha apostado por la paz, por la normalización, por acuerdos amplios e inclusivos, como así lo atestigua el intento de estos últimos días de crear una ponencia sobre Libertad y Convivencia en el Parlamento de Gasteiz.
 
Así lo entiende la sociedad vasca y así lo ha manifestado en multitud de actos de apoyo y solidaridad con los encausados a lo largo y ancho de nuestra geografía. La denuncia de este juicio político se ha dado no solamente en el ámbito social y político, sino que también en el institucional.  Es una muestra más de la preocupación que genera este tipo de procesos entre los demócratas de este país que creen que la libertad ideológica y los derechos civiles y políticos son elementos fundamentales para construir un futuro en paz y libertad. Para ello, urge terminar con las medidas de excepción que conculcan derechos fundamentales.