Un vertedero privado con el que el Gobierno no tenía nada que ver. Esa ha sido la impúdica fórmula empleada por Lakua para lavarse las manos en el desastre de Zaldibar desde los primeros días, aquellos en los que el lehendakari aseguraba que no se le había perdido nada en el vertedero, el portavoz gubernamental se iba de excursión y el consejero Arriola hacía como si no supiese ni dónde quedaba Eitzaga. El viernes, Urkullu llegó a sacar pecho por seguir buscando los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Quizá haya que darles las gracias.

La excusa de la ausencia de responsabilidades, sin embargo, tiene las patas muy cortas. Lo ocurrido ayer en el Consejo de Gobierno es una pequeña muestra. La empresa Verter Recycling –responsable primera de lo ocurrido– pidió un permiso para ampliar el depósito en el que se están apilando los escombros de la búsqueda, y Lakua dio el visto bueno, cuando y en campaña, porque sino no podían seguir las labores. Esto también era así antes, los pasos de la empresa en el vertedero requerían de la aprobación del Gobierno. Otra cosa es que los responsables hicieran una vergonzosa dejación de sus funciones. Ocurrió así con el amianto: la empresa pidió el permiso, Lakua no contestó, y el permiso fue concedido de forma automática. Documentación oficial también demuestra que sabían que se estaban depositando más residuos de los permitidos, y no se hizo absolutamente nada. Todo sigue la estela de la orden de Josu Jon Imaz en el año 2000, cuando ordenó dejar de tutelar actividades industriales de riesgo para la salud.

Podría utilizarse el caso para recordar que, aunque la demoscopia lleve a Urkullu a decir lo contrario, izquierda y derecha, evidentemente, existen. Pero va más allá, ningún gobierno decente, del signo que sea, dejaría en manos exclusivamente privadas aspectos tan cruciales del medio ambiente y la salud pública. Y mucho menos utilizaría después esa privatización para lavarse las manos.